Droit Fiscal

En réalité, ce renforcement de l’abus de droit, dont le régime juridique est encadré par l’article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales, s’inscrit dans un environnement politique de lutte contre les abus mis en place maintenant depuis une dizaine d’années.
En effet, depuis dix ans, l’arsenal préventif et répressif qui vise spécifiquement les conseils intervenant en matière patrimoniale et en matière d’opération sociétaire s’est renforcé. Les praticiens du droit et du chiffre sont désormais tenus de participer à la lutte anti-blanchiment et à la prévention de l’optimisation fiscale.
Face à l’abondance des réflexions en la matière, il est apparu à propos de regrouper d’une part, les opinions et problématiques soulevées par la doctrine reposant sur la jurisprudence afin d’en extraire les points dominants qui permettront de répondre à la problématique posée par la présente étude, et d’autre part, les garanties dont dispose le contribuable de bonne foi afin de sécuriser au mieux une opération transfrontalière impliquant la France.

Busca apresentar um conceito de incentivo tributário, diferenciando-o de figuras similares, tais como: benefício fiscal, subsídio e subvenção.
Explora os limites da extrafiscalidade e suas formas de controle. Disponível:  sumário, prefácio, introdução e capítulo II

El presente trabajo busca desarollar los aspectos más resaltantes de la fiscalidad de la asistencia técnica prestada por un no residente hacia el Perú, tanto en la legislación doméstica peruana, como en cuanto a su tratamiento en los CDI suscritos.

El autor desarrolla el tratamiento fiscal de los fideicomisos bancarios y de titulización de activos, tanto en la imposición directa como indirecta, destacando los vacíos y problemas de la legislación, intentando llenarlos con criterios razonables con la técnica impositiva y el funcionamiento de los negocios fiduciarios.

Repasemos un poco el tema. La elusión tributaria (o fraude a la ley fiscal), a diferencia de la evasión, no importa un comportamiento transgresor de la ley, por lo menos externamente. Por el contrario, implica la realización de actos o negocios válidos y legales, pero que han sido estructurados en forma artificiosa o impropia respecto de su razón

LE DOMAINE DU REGLEMENT EN MATIERE FISCALE » « Le cas tunisien » L'étude du domaine du règlement est intéressante à plusieurs niveaux. En effet, « dans tous les régimes pluralistes, la distinction des organes législatifs et exécutifs constitue toujours la pierre angulaire des structures du pouvoir politique ». (Pactet P). Ça se traduit par la coexistence de trois organes remplissant des fonctions différentes. C'est la conception classique de la théorie de la séparation des pouvoirs. Cette conception ne correspond plus au schéma du droit constitutionnel contemporain du fait de « la multifonctionnalité des institutions politiques modernes : les tribunaux non seulement jugent mais légifèrent. L'Administration est une des sources les plus importantes de législation » (CHAABANE. S).

The church tithe – the payment to the Church of one-tenth of one’s income – was, in the Middle Ages, the main resource for the rural clergy. Tithes were traditionally due on income from agriculture, trades and commerce, without distinguishing the source of the revenue. Nevertheless, at the end of the 12th century, canon lawyers wondered if income from illicit or immoral activities could be subject to this ecclesiastical tax. Income from prostitution gave rise to intense juridical and theological controversy, which was torn between fiscal pragmatism and Christian morality. Although, in the kingdom of France, the personal tithe fell into disuse from the 14th century, these theoretical developments nonetheless exercised a decisive influence on later authors, particularly regarding secular taxation. At a time when the French government is still questioning whether prostitutes’ and pimps’ professional income is taxable, these reflections of medieval canon lawyers seem to give an interesting historical perspective.

“Juristas Universales” es una obra fruto del esfuerzo de más de medio millar de especialistas procedentes de universidades de los cinco continentes. Partiendo de Roma, verdadera cuna del Derecho, recoge en cuatro volúmenes una historia biográfica de la ciencia jurídica desde mediados del siglo II a.C. hasta el final del segundo milenio. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los más ambiciosos proyectos editoriales jurídicos a nivel mundial y el más relevante jamás realizado en lengua española.
La obra comprende más de 1.000 biografías de juristas pertenecientes a la “familia romana” del Derecho en su sentido más amplio, dado que, además del Derecho continental europeo, incorpora los semblantes de prestigiosos juristas de Derecho angloamericano, escocés, canadiense, iberoamericano y de parte de los Derechos del este asiático, así como del Derecho sudafricano. El motivo impulsor de centrarse en los sistemas jurídicos que tienen como base común el Derecho romano se encuentra en que el gran reto de la ciencia del Derecho en Occidente es la integración de los dos sistemas jurídicos de mayor calado y protagonismo mundial, considerados tópicamente, pero con escaso fundamento histórico, irreconciliables: el Derecho continental europeo y el Derecho angloamericano.
“Juristas Universales” pretende contribuir a superar esta barrera artificial, pero real, entre dos sistemas jurídicos efectivamente distintos, pero no incompatibles, ofreciendo al lector una visión integrada a partir del Derecho romano y de la tradición del Derecho común medieval. En definitiva, de dos sistemas jurídicos que el mundo globalizado que nos ha tocado vivir pide que se armonicen. Coordinada por Rafael Domingo, catedrático de la Universidad de Navarra, “Juristas Universales” está dividida en cuatro volúmenes, con extensas introducciones a cada época con un total de más de 3.700 páginas y 500 ilustraciones. Cierran la obra unos cuidados índices (onomástico, de juristas biografiados y de autores) que facilitan el manejo de esta enciclopedia de juristas, llamada a ser la obra de referencia en el mundo de habla hispana.

RESUMO: O estudo versa sobre o problema de saber se os múltiplos deveres de colaboração impostos no direito (administrativo) tributário podem projetar-se (e em que termos) no processo sancionatório (penal ou contraordenacional) como provas autoincriminatórias livremente valoráveis — seja na apreciação de delitos imanentes ao concreto sistema regulador (designadas como infrações «intrassistemáticas»), seja no julgamento de crimes alheios àquele núcleo de interesses (as infrações «extrassistemáticas»). A resposta encontrada passa pela proposta de um conceito normativo de certeza sobre a existência, assente na ficção de que existem todos os documentos imprescindíveis à realização dos fins específicos da disciplina ordenadora em apreço (e cuja conservação seja, por isso, obrigatória por lei). Esses «documentos legalmente obrigatórios» seriam utilizáveis fora do contexto estritamente fiscalizador como elemento de prova de infrações «intrassistemáticas». Com esta solução, a autora procura dissolver a aparente «quadratura do círculo» representada pela necessidade de preservar a vigência absoluta e irrestrita do nemo tenetur, por um lado, sem comprometer, por outro, patamares mínimos de realização dos fins específicos da disciplina ordenadora em apreço (também pela via sancionatória, se tal se mostrar indispensável).

PALAVRAS-CHAVE: Direito tributário; deveres de colaboração; nemo tenetur se ipsum accusare.

Resumen: La economía colaborativa, entendida como las transferencias de bienes y servicios realizadas entre particulares conectados a través de una plataforma de internet, está cada vez más extendida. Ello no obstante, su reciente irrupción ha generado una serie de dudas en lo que respecta a la normativa aplicable a la misma y, particularmente, en relación con las obligaciones fiscales (materiales o formales) que han de cumplir las plataformas a través de las que se gestionan este tipo de operaciones. El presente trabajo se dirige a desentrañar este tipo de obligaciones fiscales, así como a proponer algunas medidas normativas de lege ferenda. Palabras clave: economía colaborativa, fiscalidad, obligaciones tributarias formales y materiales. Abstract: Sharing economy is a way of transferring goods and services among individuals connected through an Internet platform. This sector is being nowadays more and more extended and it still recent irruption has raised some doubts concerning legal dispositions applicable to it and in respect of tax duties (whether substantive or adjective) to be complied with by platforms. This paper aims to clarify tax duties related to sharing economy operations and to propose some changes in our legal system.

El autor se plantea el problema de la deducción fiscal del impuesto a la renta de los gastos por seguros contratados por las empresas. Se enfoca tanto en las reglas para que constituya gasto / costo, su devengo y causalidad, estableciendo las pautas para su deducibilidad en los casos en que si bien la empresa contrata el seguro, los asegurados y/o beneficiarios son terceros.

SUMARIO I. El contexto económico fiscal e internacional. II. Régimen tributario hasta el ejercicio 2012: El diferimiento fiscal. III. La Transparencia Fiscal Internacional. IV. El régimen peruano de TFI. 4.1. El test de sujeción del RTFI peruano. 4.2. Rentas pasivas. 4.3. Aplicación del RTFI: Atribución de rentas netas pasivas. 4.4. Crédito por IR abonado en el exterior. 4.5. Deberes formales. V. Reflexiones finales.

Los principios de la fiscalidad internacional se han basado habitualmente en una idea esencial, cual es la de territorialidad en la imposición. O lo que es lo mismo: los Estados no podrán ejercer sus poderes de gravamen a supuestos que no tengan vinculación alguna con su territorio, pues incurrirían en extraterritorialidad de su poder tributario.

Recientemente la Dirección General de Tributos ha indicado, en contestación a consulta vinculante, que las ventas entre particulares, realizadas a través de plataformas de internet, de enseres y objetos personales de segunda mano, resultan gravadas por el ITP y AJD al 4 %. Existen, sin embargo, más cuestiones concomitantes con la tributación en sede del referido tributo, como serían: los límites del gravamen de tales negocios con otro impuesto fundamental en nuestro sistema tributario como es el IVA; la eventual incidencia de consecuencias fiscales en la imposición directa de dichas operaciones; obligaciones formales de los contratantes o intermediarios; y, finalmente, posibles medidas normativas de lege ferenda que podrían mejorar la recaudación tributaria. Para resolver algunas de las anteriores cuestiones es preciso especificar las funciones que tienen atribuidas las plataformas que sirven para interconectar a comprador y vendedor, esto es, si son auténticas intermediarias en los pagos o, por el contrario, sirven únicamente como escaparate virtual de las ofertas existentes y, por tanto, ejercen un mero papel publicitario.

The Spanish Tax Office has recently delivered an advance ruling in which it states that purchases verified among individuals are taxed at a 4 % rate. Nevertheless, there are some questions that should be analysed beyond that issue like distinction between the above tax and value added tax, effects that those operations have on personal income tax, other formal tax duties that should meet sellers and purchasers as well as possible legislation de lege ferenda that could increase tax collection. To answer those questions it is necessary to specify platform functions, that is if they are payments intermediaries or just act as an on-line shop window that merely allows the interaction between seller and purchaser without knowing any more about the transaction.

L’article soutient que le caractère singulier de certaines activités traditionnellement exercées par des personnes publiques est avéré non seulement lorsqu’elles sont indisponibles à la dévolution, mais également lorsque cette dévolution est possible. L’article montre plus précisément comment le droit administratif permet et encadre la dévolution de ces activités. Cette participation privée est marquée par un régime très spécifique pour l’Etat, pour le participant privé, voire pour les tiers.

En la sentencia comentada se declara inconstitucional un impuesto propio aprobado por el Parlamento de Cataluña que gravaba la provisión de contenidos digitales por internet. A juicio de la mayoría de miembros del TC, se trata de un impuesto que vulnera la prohibición de solapamiento de hechos imponibles de tributos autonómicos y estatales establecida en el artículo 6.2 de la LOFCA por solaparse con un impuesto estatal (IVA). Ello no obstante, casi la mitad de miembros del Alto Tribunal sostiene precisamente la postura contraria, esto es, que se trataba de un impuesto perfectamente constitucional al no poderse comparar con el tributo estatal referido. En opinión de quien escribe estas líneas, la doctrina mayoritaria del TC es incorrecta por haberse considerado equiparables un impuesto general sobre ventas (IVA) y un impuesto especial sobre la venta de determinados productos de consumo. Si quería haberse declarado inconstitucional el impuesto catalán debería haberse enfocado el análisis jurídico en otros términos: bien considerar, por un lado, si podría vulnerarse la igualdad tributaria (art. 31.1 CE) por gravar más una actividad (provisión de contenidos digitales) sin una justificación objetiva y razonable suficiente que explique la existencia de tal impuesto; o bien entender que se había producido un solapamiento no ya con el IVA sino con la aportación que han de realizar para financiar la corporación de Radio Televisión Española los operadores de telecomunicaciones de ámbito geográfico estatal o superior al de una comunidad autónoma (art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de Radio y Televisión Española), entre los que se encuentran los proveedores de acceso a internet.

La TVA est un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Le montant de la taxe est proportionnel au prix de vente hors taxe (HT). INSTITUTIONNALISATION DE LA TVA : La TVA a été promulguée par la loi 30/85 du 20 décembre 1985 publiée au B.O du 1er janvier 1986 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (T.P.S) en vigueur depuis 1961. La TVA a été modifiée à plusieurs reprises par les différentes lois de finances qui se sont succédé depuis 1987 et les décrets d'application

Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Belgian Law, comprising the proceedings and working documents of a seminar held in Milan on 26 November 2012, is a detailed and comprehensive study on the taxation of capital gains on shares derived by companies.

Juridiquement, reste un fait, en apparence, bien ésotérique à observer, que celui de l’absence de définition légale stricte de la monnaie. Le Code monétaire et financier se restreindra à une formule évasive : « La monnaie de la France est l’euro », sans pour autant émettre de suggestions précises quant à une typologie de critères permettant la détermination de sa qualité. Au prisme de cette inconnue juridique, plusieurs questions peuvent alors être émises : quels sont, s’ils existent, les attributs nécessaires à un objet aux fins de l’acquisition de cette qualité ? La monnaie doit-elle être soumise à un formalisme particulier permettant sa transmission ou sa création ? Quelle sont les origines des monnaies modernes ? En la matière, le droit et l’économie ne sont plus les seules spécialités se saisissant des prérogatives monétaires, et il semble devenir indispensable au juriste d’apprécier avec rigueur les tenants et les aboutissants du déploiement de la technologique dans l’échange des valeurs. Sous cet angle, et dans une approche qui se révèle surprenante à l’égard des canons juridiques, nous soutiendrons que si l’existence matérielle d’un droit peut être confirmée par la grâce d’un régime qui le prévoit, bien souvent, la question de son ancrage réaliste se trouve finalement ignorée et se persiste dans la nécessité d’une démonstration non édulcorée des problématiques de la pratique. À cet effet, et dans une approche complémentaire à celle des économistes, il conviendra alors de se demander si : l’influence réciproque entre le droit et la réalité économique telle qu’elle transparait dans les usages permet d’émettre des conclusions concernant l’acquisition de la qualité monétaire aux devises cryptographiques ? Tout au long de ce travail de réflexion, nous nous sommes interrogés sur l’accession à la qualité monétaire par les monnaies cryptographiques, au miroir de l’étude complexe de leurs attributs fonctionnel, organique et symbolique, et de l’influence du droit sur les usages. Au terme d’une démarche fondamentalement empiriste, il résulte que la problématique de qualification reste une épreuve complexe, d’une part du fait que les monnaies cryptographiques cristalliseraient les sous-critères fonctionnels essentiels à la qualification monétaire, et d’autre part, feraient l’objet d’un rejet sans équivoque de la part du droit interne, consacrant le critère organique adossé à l’exigence de cours légal en élément d’essentialité dont nous avons nuancé la portée dans une approche comparée. Il ne fait néanmoins plus de doute que la monnaie cryptographique se conforme à une qualité de monnaie contractuelle, douée de caractéristiques propres. Sous l’angle d’un critère symbolique dont nous nous sommes essayés à une démonstration à l’interface de l’économie et du droit, nous avons, par ailleurs, cherché à consacrer l’idée selon laquelle le pouvoir libératoire attaché à un objet à vocation monétaire pouvait se trouver à émerger des usages, et se faisant, était conditionné au régime juridique en vigueur et aux tentatives de régulation visant ou ayant pour effet une limitation de son développement ou de son adoption. Notre raisonnement s’est alors fondé sur l’étude critique des conséquences associées au cadre légal, particulièrement fiscal, sur la réalisation des usages, étudiant finement ses limites et le confrontant aux innovations encore insoupçonnées par la doctrine, la loi ou la jurisprudence. Il en résulte qu’en l’état actuel du droit positif, la monnaie cryptographique bénéficie d’une qualification à demi-mesure, entrainant d’importantes difficultés d’appréciation.

Table des matières :
1- Une tendance à l’érosion des différences fonctionnelles entre monnaie légale et monnaie cryptographique : vers un commerce juridique plurimonétaire en devenir ?
1.1- Réflexion sur les attributs fonctionnels de la monnaie ;
1.2- Un objet juridique hors des définitions traditionnelles du droit ;

2- Entre divergence des qualifications juridiques, ambitions régulatrices et perfectionnement des protocoles, quel cadre pour le développement des monnaies cryptographiques ?
2.1- Une qualité monétaire à l’épreuve de l’approche organique : pour un antagonisme renforcé par le droit positif en réaction à l’inflation des usages ;
2.2- Pour une appréciation particulière des monnaies cryptographiques : le constat d’un droit inadapté aux usages et à leur évolution.

RESUMEN En relación con el cohousing debe plantearse cómo tributarán tales contratos en el ámbito de la imposición indirecta y, particularmente, en lo que concierne al IVA y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no sólo desde la perspectiva de los cesionarios de tales derechos de usufructo o habitación, sino también desde la perspectiva de las sociedades titulares de los mismos. En lo que respecta a la imposición directa, deben examinarse las repercusiones de tales negocios jurídicos tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF; y algo similar cabría indicar en lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio. Y todo lo anterior debe plantearse tanto en un contexto nacional como internacional. Por último, resulta interesante examinar qué efectos tributarios tiene el cohousing en relación con las haciendas autonómicas y locales.

PALABRAS CLAVE: Cohousing o covivienda; imposición directa e indirecta; fiscalidad internacional; cooperativas.

ABSTRACT
Until now, Tax Law has usually analysed fiscal effects of housing acquisitions and rentals, rather than cohousing related aspects based on licencing rights of usufruct and occupancy.
So it is desirable to study more deeply this last figure. This paper will try to analyse how those contracts should be taxed in indirect taxation (VAT and Stamp & Duties Tax) from the licensor and the licensee perspective. From the point of view of the licensor, Corporate Income Tax needs to be examined as well, mainly when cooperatives companies own housing utilities. And from the point of view of the licensee, duties referred to Personal Income Tax and Capital Income Tax –as well as to Inheritance
or Wealth taxes– are worth to be commented. International taxation should also be analysed when there are some transnational elements in the cohousing contract. Finally, regional or local taxes are also important to be considered.

KEY WORDS: Cohousing; direct taxes; indirect taxes; international taxation; cooperatives.

El artículo se refiere a la regulación española sobre limitación de gastos financieros en el  art. 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, analizando su conformidad con los principios rectores del ordenamiento tributario y, por otro lado, con la regulación aprobada por la Unión Europea en la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016.

Le choix d’un tel sujet n’est pas fortuit. Il decoule d’un constat d’ordre personnel lie au fait que la question de l’evasion fiscale dans les groupes de societes est d’actualite dans le monde des affaires. Mais encore, nos objectifs a travers ce modeste travail reposent aussi sur le fait que nous voulions proposer aux professionnels et a tout autre interesse un support modele traitant d’une notion aussi controversee qu’est l’evasion fiscale. Entre autre notre ambition consiste dans le cadre de cette etude de lever le voile sous lequel se cache l’evasion fiscale. Elle consiste egalement a alerter les differentes administrations fiscales touchees par les effets pervers de l’evasion fiscale en vue de les pousser a perfectionner leurs controles fiscaux a l’egard des groupes de societes et a reviser leur systeme de recouvrement des impots ou mieux de les affermir afin que les caisses de l’Etats puissent etre mieux alimentees.

Juridiquement, reste un fait, en apparence, bien ésotérique à observer, que celui de l’absence de définition légale stricte de la monnaie. Le Code monétaire et financier se restreindra à une formule évasive : « La monnaie de la France est l’euro », sans pour autant émettre de suggestions précises quant à une typologie de critères permettant la détermination de sa qualité. Au prisme de cette inconnue juridique, plusieurs questions peuvent alors être émises : quels sont, s’ils existent, les attributs nécessaires à un objet aux fins de l’acquisition de cette qualité ? La monnaie doit-elle être soumise à un formalisme particulier permettant sa transmission ou sa création ? Quelle sont les origines des monnaies modernes ? En la matière, le droit et l’économie ne sont plus les seules spécialités se saisissant des prérogatives monétaires, et il semble devenir indispensable au juriste d’apprécier avec rigueur les tenants et les aboutissants du déploiement de la technologique dans l’échange des valeurs. Sous cet angle, et dans une approche qui se révèle surprenante à l’égard des canons juridiques, nous soutiendrons que si l’existence matérielle d’un droit peut être confirmée par la grâce d’un régime qui le prévoit, bien souvent, la question de son ancrage réaliste se trouve finalement ignorée et se persiste dans la nécessité d’une démonstration non édulcorée des problématiques de la pratique. À cet effet, et dans une approche complémentaire à celle des économistes, il conviendra alors de se demander si : l’influence réciproque entre le droit et la réalité économique telle qu’elle transparait dans les usages permet d’émettre des conclusions concernant l’acquisition de la qualité monétaire aux devises cryptographiques ? Tout au long de ce travail de réflexion, nous nous sommes interrogés sur l’accession à la qualité monétaire par les monnaies cryptographiques, au miroir de l’étude complexe de leurs attributs fonctionnel, organique et symbolique, et de l’influence du droit sur les usages. Au terme d’une démarche fondamentalement empiriste, il résulte que la problématique de qualification reste une épreuve complexe, d’une part du fait que les monnaies cryptographiques cristalliseraient les sous-critères fonctionnels essentiels à la qualification monétaire, et d’autre part, feraient l’objet d’un rejet sans équivoque de la part du droit interne, consacrant le critère organique adossé à l’exigence de cours légal en élément d’essentialité dont nous avons nuancé la portée dans une approche comparée. Il ne fait néanmoins plus de doute que la monnaie cryptographique se conforme à une qualité de monnaie contractuelle, douée de caractéristiques propres. Sous l’angle d’un critère symbolique dont nous nous sommes essayés à une démonstration à l’interface de l’économie et du droit, nous avons, par ailleurs, cherché à consacrer l’idée selon laquelle le pouvoir libératoire attaché à un objet à vocation monétaire pouvait se trouver à émerger des usages, et se faisant, était conditionné au régime juridique en vigueur et aux tentatives de régulation visant ou ayant pour effet une limitation de son développement ou de son adoption. Notre raisonnement s’est alors fondé sur l’étude critique des conséquences associées au cadre légal, particulièrement fiscal, sur la réalisation des usages, étudiant finement ses limites et le confrontant aux innovations encore insoupçonnées par la doctrine, la loi ou la jurisprudence. Il en résulte qu’en l’état actuel du droit positif, la monnaie cryptographique bénéficie d’une qualification à demi-mesure, entrainant d’importantes difficultés d’appréciation.

Table des matières :
1- Une tendance à l’érosion des différences fonctionnelles entre monnaie légale et monnaie cryptographique : vers un commerce juridique plurimonétaire en devenir ?
1.1- Réflexion sur les attributs fonctionnels de la monnaie ;
1.2- Un objet juridique hors des définitions traditionnelles du droit ;

2- Entre divergence des qualifications juridiques, ambitions régulatrices et perfectionnement des protocoles, quel cadre pour le développement des monnaies cryptographiques ?
2.1- Une qualité monétaire à l’épreuve de l’approche organique : pour un antagonisme renforcé par le droit positif en réaction à l’inflation des usages ;
2.2- Pour une appréciation particulière des monnaies cryptographiques : le constat d’un droit inadapté aux usages et à leur évolution.

Sur le fondement de l’article 156, II, 2o CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances de 1959, l’administration fiscale, approuvée par le Conseil d’État, refuse de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements alimentaires qui ne sont pas explicitement prévus en tant qu’obligations alimentaires civiles par les articles 205 à 211 du Code civil. Cette interprétation est facteur de misère sociale et d’injustice flagrante. Depuis 1960, on compte une cinquantaine de questions parlementaires portant sur la question et soulignant très souvent cette injustice. Or, la disposition en question paraît devoir être interprétée différemment. Le droit civil prévoit en effet que l’obligation alimentaire naturelle devient civile lorsqu’elle est reconnue ; elle doit donc, à cette condition, faire l’objet de la déduction.

Under Article 156.II.2o of the French Tax Code, introduced by the Budget Bill of 1959, tax authorities, approved by the Conseil d’État (French administrative supreme court), refuse to deduct, from the personal income tax base, alimonies whose payment is not required by Articles 205 to 211 of the French Civil Code. Such an interpretation creates social misery and glaring injustice. Since 1960, there have been around 50 official questions to the Government by French members of Parliament on the subject, often emphasizing the injustice of the situation. Yet, this clause of the French Tax Code should be interpreted differently. Indeed, Civil Law provides that natural maintenance obligations become civil ones when they are acknowledged (the payment implying an acknowledgment). Therefore, once they are acknowledged, they should be deducted.

Parution septembre 2012 BIMESTRIEL Bureau de &pai : Brunam X d'agréation P913336 JOURNAL DE DROIT FISCAL • Issu de la fusion de : Repertoire fiscal, fondé par MARCEL FEYE et CHARLES CARDYN Journal pratique de droit fiscal et financiei., fondé par CARLO DE MET La Revue [acate, fondée par JEAN DE LONGUEVILLE CONSEILLER SCIENTIFIQUE Imma CLAEYS BOÚÚAERT, avocat à Ia Cour de vassalam professeur honoraire à la Rijksuniversiteit te Gent DIRECTEUR MARC BALTUS, avocat Licencie en miemos économiques et financiares DIRECTEUR ADJOINT Monas MALHERBE, avocat Professeur Emérita A l'Université catholique de Louvain RÉDACTEUR EN CHEF lamr-Prearta NEMERY ou BELLEVAUX, avocm Licencie en droit ieconomique Professeur à l'Ecole supérieure des sciences Escales SECRÉTAIRES DE RÉDACTION FRANCAISE BALTUS, amaria Licenciée eu droit fiscal Licenciée en droit économique Cbargée de conférences Executivemaster en gestion Solvay ULB Calmam DOCCLO, avocate Licenciée eu droit fiscal Licenciée en droit éconornique LL.M. in Taxation (NYU) Professeur l'