Judicialización

Los nuevos usos y sentidos de la desaparición y el fortalecimiento de las políticas migratorias restrictivas configuran al corredor Centroamérica-México-Estados Unidos como el único en el continente donde los y las migrantes desaparecen sistemáticamente. De este contexto, emergen tensiones entre Estado y sociedad civil, así como dentro de los actores solidarios y de las familias que buscan a sus migrantes desaparecidos. Este texto aborda dos tensiones concretas: a) los debates sobre las formas en que los conceptos de derechos humanos y las herramientas jurídicas para la búsqueda y el acceso a la justicia están siendo usados, ampliados y adaptados; y b) la confrontación entre los abordajes que priorizan la búsqueda/enfoque humanitario y aquellos que priorizan los procesos de judicialización. A lo largo del texto, se describen las consecuencias que tiene la implementación de las diferentes perspectivas en los comités de familiares de migrantes desaparecidos, y las alternativas que ell...

Fuentes, Martín (2018), “La judicialización de la política en el umbral de la modernidad: una lectura posible para tiempos hiper-políticos” en XI Jornadas de Debates actuales de la Teoría Política Contemporánea: resistencias y alternativas políticas en el capitalismo neoliberal”, Argentina, Colectivo Debates Actuales, publicación digital, ISSN 2313-9609.

En el presente trabajo se analizará a grandes rasgos la “judicialización de la política” (Lawfare, canalización de demandas sociales, diseño y control de políticas públicas, etc.) desde una óptica filosófica. La hipótesis principal es que este fenómeno se corresponde con dos procesos característicos de la modernidad tardía: 1) la crisis del Estado-Nación, acontecimiento que aquí interpretaremos como una peripecia contemporánea de la “gubernamentalidad” –retomando motivos foucaultianos–; y 2) la diferenciación funcional de subsistemas sociales, basado cada uno en lógicas de funcionamiento local –de acuerdo a los lineamientos de Niklas Luhmann.
Estos procesos hacen que la sociedad carezca de un centro operativo y observacional  mediante el cual abarcarse y controlarse a sí misma, lo cual fomenta el avance de la “forma-tribunal” como vía para la resolución fragmentaria de conflictos. Este tipo de racionalidad política, por la cual se judicializan las relaciones sociales, adquiere preponderancia en sociedades altamente gubernamentalizadas y diferenciadas, las cuales requieren de dispositivos capaces de actuar localmente al interior de totalidades no-totalizables. No obstante, esto obtura la pregunta colectiva por el “buen vivir”, interrogante que –entre la globalización y la fragmentación imperante– queda a la espera de nuevos vínculos entre lo pequeño y lo grande, a los que aquí remitiremos mediante el concepto de “hiperpolítica”.

La judiciaLización de La protesta y sus resuLtados: una tipoLogía de La moviLización LegaL en eL chiLe post-transición (1990-2018) RESUMEN Existe abundante literatura sobre los resultados de la movilización legal, aunque no hay acuerdo sobre su capacidad de incidir en la toma de decisiones. Este artí-culo explica los resultados de distintos usos de la movilización legal mediante la exploración de los recursos organizacionales, las oportunidades políticas y lega-les de una serie de actores que movilizaron la ley en Chile en distintos ámbitos durante el periodo analizado. Basándose en la observación de estas variables, se identifican cuatro usos de la movilización legal: residual por parte de organiza-ciones medioambientales e indígenas; exclusivo por parte de los afiliados de las aseguradoras de salud privada; predominante por parte del movimiento en contra de la píldora del día después; y simbólico por parte de las minorías sexuales. Se argumenta que la movilización legal logró incidir en la toma de decisiones solo al ser utilizada de manera simbólica. Palabras clave: movilización legal, decisiones políticas, recursos organizacionales, oportunidades políticas, oportunidades legales. ABSTRACT There is abundant literature on the outcomes of legal mobilization, although there is no agreement on its effective influence on decision-making. This article explains the outcomes of different uses of legal mobilization by exploring the organizational resources, political and legal opportunities held by a series of actors who mobilized the law during the period under study. Based on the observation of these variables, four uses of legal mobilization are identified: residual by environmental organizations; exclusive by private health insurance affiliates; predominant by the anti-day after pill movement; symbolic by sexual minorities. It is argued that legal mobilization effectively influenced decision-making only when used in a symbolic way.

Este artículo presenta el caso del “Protocolo de Abordaje de Procesos de Relocalización y Reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo” aprobado por la ACUMAR en el 2017 en el marco de una causa judicial ambiental en Argentina.
El Protocolo es una excusa para discutir sobre la relevancia del proceso participativo de diseño de las normas vinculadas a asentamientos informales, y sobre los efectos jurídicos de los conflictos ambientales judicializados. El marco teórico combina conceptos de la productividad social de los conflictos, principalmente de la jurídica.


Maldonado, Melinda Lis (2019). Protocolo de Abordaje de procesos de relocalización y reurbanización en villas y asentamientos precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo (Argentina): algunos apuntes desde la productividad jurídica de los conflictos, en Cordero Eduardo y Parejo Alfonso Luciano (Dir), Estudios sobre la Regularización Urbana y Registral en Iberoamérica. Ed. Tirant Lo Blanch: Valencia. pp. 108-135

En este capítulo de "Cartografías del conflicto ambiental en Argentina II" se analizan las controversias surgidas entre los organismos a cargo del cumplimiento de un fallo judicial que ordenó el saneamiento del Riachuelo, los vecinos de la Villa 21-24 afectados por la relocalización que aquel catalizó y las entidades públicas a cargo de la defensa de estos. El foco estará puesto en examinar cómo, a raíz de que la sentencia ordenó
la “eliminación de obstáculos” de la ribera del Riachuelo, sus habitantes se agruparon con el fin de incidir en las vías de ejecución de esa disposición judicial. En términos generales, el objetivo será realizar un aporte para la comprensión de las disputas desatadas en el desplazamiento de un fallo judicial hacia lógicas políticas y territoriales.

El presente artículo se aboca a examinar sociológicamente el fenómeno de la judicialización, partiendo de un punto de vista multidimensional y haciendo foco en su productividad-esto es, sus efectos estructurantes y de largo alcance sobre el orden social y político-. En base al caso argentino, pero recuperando asimismo experiencias latinoamericanas, se desarrolla una metodología cualitativa de revisión de literatura por medio de la cual se procuran identificar los modos en que el problema en cuestión ha sido caracterizado y las facetas en las que ha sido categorizado. En esta clave, el trabajo se estructura en torno a tres ejes de análisis: el reposicionamiento del derecho y el Poder Judicial desde la vuelta a la democracia, el desplazamiento de los conflictos a los tribunales, y el auge del activismo judicial. Por último, se propone un conjunto de recaudos metodológicos y conceptuales para llevar a cabo una sociología de la judicialización.

En el marco de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Derecho a la Salud, de la cual Santiago Pereira Campos es el facilitador, se analiza la jurisprudencia uruguaya sobre reclamos de medicamentos de alto costo no priorizados y los dilemas jurídicos y de políticas públicas que ello plantea.

Este artículo analiza la influencia partidista sobre la designación de jueces supremos en democracias con bajos niveles de institucionalización. A diferencia del enfoque clásico en el que se asume que cuando los presidentes son políticamente débiles el efecto consiguiente es
la selección de jueces más independientes de los intereses partidistas, lo que aquí se propone es que frente a Ejecutivos sin recursos políticos suficientes es la legislatura la que asume el control de las cortes de justicia. En términos analíticos, mientras en el primer caso se trata de un juego principal-agente con un solo actor provisto de recursos dirimentes (presidente), en el segundo caso el juego tiene lugar con varios principales (partidos en legislatura). A través de datos inéditos
sobre la Corte Suprema del Ecuador en funciones durante el período 1979-2013 y recurriendo a narrativas históricas se constata que los cambios en las mayorías legislativas suelen ser el antecedente
de cambios en la conformación de dicho tribunal. Solamente en casos de presidentes fuertes, como Rafael Correa, el Poder Ejecutivo ha sido un actor determinante para controlar políticamente a los jueces supremos.

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por graves crímenes  contra  los  derechos  humanos,  fue  liberado  de  prisión  mediante  un  indulto  presidencial  en  el  año  2017.  También  se  le  otorgó  el  derecho  de  gracia  respecto  a  otros  procesos  en  curso.  Estas  medidas  contaron  con  respaldo político y apoyo popular mayoritario, según las encuestas de opinión pública de la época. No obstante, en pocos meses, el Poder Judicial peruano las inaplicó, basándose en los estándares fijados por la Corte Interamericana de  Derechos  Humanos.  Fujimori  fue  arrestado  y  devuelto  a  la  cárcel.  Comparativamente, este resultado es singular. El artículo busca entender qué podría explicar el comportamiento resuelto a favor de los derechos humanos de los jueces peruanos que participaron en estas decisiones. Argumenta que este  podría  responder  a  dos  procesos  iniciados  en  la  transición  democrática del  año  2000:  el empoderamiento  judicial  (aumento  de  independencia  y  poderes  de  los  jueces)  y  un  cambio  en  la  cultura  jurídica  del  positivismo  al  neoconstitucionalismo.  Ambos  procesos  son  definidos  y  analizados  con  referencia  a  doctrina  destacada  de  los  campos  de  la  justicia  transicional  y  los  estudios  sociojurídicos.  Adicionalmente,  el  artículo  busca  contribuir  a  identificar  las  condiciones  bajo  las  cuales  el  control  de  convencionalidad  interamericano puede llegar a tener un impacto decisivo.

En este escrito se examinan las condiciones sociales y políticas que condujeron a la judicialización de la situación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, un territorio altamente contaminado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que en 2006 se volvió objeto de una renovada e inédita problematización. En particular, se analizarán tres factores: la conformación de un campo ambiental y la generación de una ola de conflictos socioambientales, la ambientalización de las demandas en el Riachuelo y la construcción de una perspectiva de cuenca, así como la búsqueda de relanzamiento político de la Corte Suprema como respuesta a una crisis de legitimidad.

This paper examines the social and political factors that led to the judicialization of the environmental conditions of the Matanza-Riachuelo basin, a highly polluted territory in Buenos Aires that in 2006 became the object of an unprecedented pro-blematization. Specifically, three factors will be analysed: the creation of an environmental field and the generation of a series of environmental conflicts; the environmentalization of social demands along the Riachuelo river and the emergence of a basin perspective; and the Supreme Court's search for a political relaunch in response to a crisis of legitimacy.

El presente artículo se propone avanzar y profundizar el trabajo comparativo sostenido entre las experiencias reivindicativas de los habitantes de villas por el acceso a la vivienda en Buenos Aires y algunos casos del movimiento de los sem-teto en Brasil. En el marco de nuestras investigaciones recientes, hemos trabajado en las características de cada caso, analizando sus trayectorias, su compleja construcción de legitimidad y su relación siempre conflictiva con el Estado. Nos proponemos focalizar en este estudio comparado la judicialización como estrategia implementada por estos actores sociales para exigir su derecho a la vivienda. En particular, analizamos un fenómeno basado en la utilización de la vía judicial como herramienta de los sectores populares. Para ello, nos concentraremos en las experiencias de la Villa Rodrigo Bueno de Buenos Aires y de las ocupaciones Pinheirinho (de São José dos Campos) y Quilombo das Guerreiras (de Río de Janeiro), ya que ambos equipos nos encontramos no solo investigando, sino acompañando desde el activismo la lucha por el hábitat digno de algunos de estos territorios. A partir de datos cualitativos recogidos a través de trabajos de campo con perspectiva etnográfica, entrevistas, revisión de documentos y fuentes bibliográficas, reflexionamos acerca de algunos rasgos generales de la utilización estratégica de las vías judiciales por parte de estos grupos. Al final, esbozamos tres ejes de análisis que resultan transversales: en primer lugar, los usos que asume la Justicia en esas demandas sociales; en segundo término, las alianzas y las vinculaciones que tales grupos tejen con otros actores sociales; por último, algunos de los alcances y los límites que, de manera preliminar, nos parecen presentar la judicialización como estrategia de lucha por el acceso a la vivienda.

En 2010, un fallo judicial inició un proceso de relocalización de los habitantes de los márgenes de un río contaminado en Buenos Aires. Reticentes a acatarlo sin hacer valer su voz, los afectados convocaron a la Defensoría General de la Ciudad, organismo paradigmático del creciente “activismo judicial”. El objetivo de este artículo es examinar el discurso y las estrategias de los defensores públicos, así como analizar las formas en que entran en contacto las lógicas política y jurídica de construcción y tramitación de las demandas de la población ribereña.

In 2010, a judicial sentence initiated a resettlement process of the people who lived on the border of a polluted river in Buenos Aires. Reluctant to accept it without making themselves heard, they involved the Public Defender’s Office, whose practices are paradigmatic of a growing ‘judicial activism’. The goal of this article is to examine this attorneys’ discourse and strategies as well as to analyze the ways in which the political and juridical logics articulate in the conflict over the riverside dweller’s demands.

MARIANO SILVA, Jeferson. (2013), "Contra 'solipsismo dos exemplos', é preciso ponderação". Conjur, 10/12/2013.
Resenha do livro "Judicialização ou representação? Política, direito e democracia no Brasil", de Thamy Pogrebinschi, com uma réplica às resenhas de Lenio Luiz Streck, "O que é isto, o ativismo judicial, em números?", e de Carlos Alexandre de Azevedo Campos, "As dificuldades em se quantificar o qualitativo".

En un contexto en que el extractivismo minero se profundiza en América Latina, en el presente artículo se abordan los itinerarios de acción colectiva que poblaciones locales del sur andino ecuatoriano han seguido para la defensa del agua ante los proyectos Río Blanco y Loma Larga en Quimsacocha, ubicados en el cantón Cuenca, provincia Azuay. Dentro de tales itinerarios transitó en cortes una acción de protección que obtuvo fallo positivo y logró frenar el proyecto Río Blanco y se concretaron dos consultas populares –Girón y Cuenca–. Estas experiencias hacen parte de lo que llamaremos procesos de juridificación en defensa del agua, en los cuales se disputan visiones y ontologías acerca de la relación humanos-entorno natural. Para recopilar la información recurrimos a entrevistas en profundidad a comuneras y miembros de colectivos ecologistas, a la cartografía social y a la revisión documental. En el artículo se discute la complejidad de las demandas frente a la megaminería en lo jurídico y las dinámicas de poder que se entretejen en la exigibilidad de derechos colectivos y de la naturaleza. También se analiza el soporte que en el ámbito jurídico ofrecen a los procesos de juridificación las acciones de movilización que ocurren en paralelo. Se trata de una contribución a los debates sobre justicia ambiental y justicia hídrica en dimensión crítica.

En el presente trabajo propongo una mirada sobre la adjudicación o judicialización de los
derechos sociales. En particular, me centraré en la posibilidad de establecer mecanismos que
aseguren la mayor racionalidad de las decisiones judiciales adoptadas en estos casos. Así,
atendiendo a la relativa vaguedad con que estos derechos aparecen formulados y a su
contenido prestacional -que obliga a ingresar en cuestiones vinculadas a políticas públicassugiero
revisar la estructura de la decisión y motivación judiciales con la incorporación de
estándares normativos que definan el contenido de los derechos sociales y permitan tanto la
integración normativa, cuanto la adecuada valoración de las circunstancias fácticas sometidas
a revisión en estos casos. La delimitación de ciertos estándares normativos permitiría,
entonces, contar con elementos objetivos para una adecuada justificación de la decisión
judicial, facilitando el control intersubjetivo de su calidad racional.

El artículo propone una reflexión sobre aquello que Duncan Kennedy, fundador de la Critical Legal Studies (CSL) habría diagnosticado como el dilema del progresismo jurídico, a través del cual apuntaba a la situación en la que se encontraba la posibilidad y potencialidad política de la crítica a los derechos, en el modo como resultó expuesta en aquel conocido trabajo " La crítica de los derechos en los Critical Legal Studies ". Para ello mostraremos algunas limitaciones de la propuesta de Kennedy e intentaremos problematizar la posibilidad y necesidad de un ejercicio crítico en el campo jurídico a partir de algunos de los desarrollos de Foucault respecto de las relaciones de poder, el gobierno y la conducción de conductas.

A  partir  del  caso  de  una  sentencia  que  condenó  al  poder  ejecutivo  a  construir  un  camino a la vera de un río de Buenos Aires, este artículo examina las controversias sociojurídicas desatadas entre un juez y los defensores públicos que patrocinaron a la población ribereña afectada. El estudio reveló que el juez, al conducir el proceso de implementación de políticas, actuó en detrimento de la protección de derechos sociales, mientras que los defensores apelaron a la construcción de conflicto para convertir dichos derechos en el eje de la causa. El trabajo, basado en un diseño cualitativo que incluyó entrevistas en profundidad y análisis de documentos, permitió examinar las características que asume la puesta en práctica del activismo judicial en sus distintas facetas.

En la estructuración de los elementos teóricos del trabajo que a continuación se expone, encontramos la estrecha relación entre el feminismo como movimiento político y los derechos de la mujer como proceso en construcción; la crítica de las mujeres que lograron introducir sus planteamientos al derecho y la inconformidad que aún permanece sobre la realización efectiva de los derechos humanos de las mujeres. Por esta razón decidimos buscar en la práctica del derecho que se concreta en los procedimientos aplicados en la judicialización, las falencias de la  jurisdicción de familia en la protección de los derechos de la mujer.

El trabajo se realizó con un enfoque socio jurídico en el estudio de casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, las leyes y procedimientos consagrados para su tratamiento y resalta la necesidad de la implementación de un enfoque psicosocial  en la jurisdicción de familia  que permita a hombres y mujeres superar la violencia.

El siguiente articulo analiza las intervenciones judiciales desarrolladas en Villa 15, un asentamiento informal localizado en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), en el marco del giro del accionar progresista que se ha dado en la región. A partir de dos conflictos específicos -el desalojo de un edificio de propiedad estatal y unas tomas de tierras judicializadas- se propone iluminar las características de la intervención político judicial entre el 2007 y 2015. A partir de un análisis cualitativo, se evidencia el carácter contradictorio de la judicialización de estos conflictos y la existencia de efectos tanto positivos como negativos. El pasaje por la arena judicial permite la transformación de una demanda o un derecho vulnerado en derechos legitimados, que deben ser garantizados por el Estado. Sin embargo, la solución dictaminada por el Poder Judicial requiere el tránsito a la arena del Poder Ejecutivo. En dicho pasaje se manifiestan las distintas lógicas de cada poder y las dificultades para efectivizar lo sancionado en la arena judicial. En cada uno de los casos analizados se evidencian distintos modos de ingreso a la arena judicial, particularidades en el proceso y, en consecuencia, ciertas diferencias en los resultados.

O artigo estima pontos ideais para os ministros do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos de ações de inconstitucionalidade, desde 2012 até 2017. Nesse período, as divergências entre os ministros se reduziram e não se associaram aos partidos dos presidentes que os indicaram. De um lado, esses resultados ajudam a qualificar interpretações baseadas na hipótese das “onze ilhas”. De outro, desafiam interpretações baseadas no modelo atitudinal.

Puerto Rico experienced unprecedented events in the democratic evolution of the country.  The events of the summer of 2019 (“Verano 2019”) resulted in the governor's resignation.  However, the political game that developed after the mass demonstrations of July 2019 deserves to be explored carefully.  The resignation of Governor Ricardo Rosselló was only the beginning of one aspect of the institutional political power games.  In the framework of the separation of powers, the executive and legislative branches had the initial relevance.  The political and constitutional crisis over the succession of the governor brings the judiciary to resolve it.  This actor would define the juridical-institutional channel of the political power games.  I argue that the concepts of judicialization of politics and power bloc can help to understand this novel circumstance in the development of the Puerto Rican democratic order.

La “judicialización” es un fenómeno amplio, que resulta de la confluencia de innumerables tendencias históricas y que produce diversos efectos en las prácticas económicas, sociales y políticas. Algunos analistas contemporáneos han advertido que la judicialización implica una profunda transformación sobre las prácticas de gobierno. Este artículo sostiene que la judicialización, especialmente la denominada “judicialización de la política”, tienen estrechos vínculos con el neoliberalismo. El problema consiste en que, al día de hoy, son escasos los estudios capaces de corroborar tal relación. ¿Cómo y hasta qué punto la judicialización fue promovida por el neoliberalismo? Para contestar esta pregunta, se procederá al análisis genealógico de una serie de documentos redactados a mediados del siglo XX, siguiendo la hipótesis de que allí emerge un programa de gobierno donde la judicialización no sólo es admitida e incluso promovida, sino además propuesta como una práctica privilegiada de intervención estatal sobre la sociedad.

“Judicialization” is a broad phenomenon, which is the result of the confluence of innumerable historical trends and that produces diverse effects on economic, social and political practices. Some contemporary analysts have observed that the judicialization implies a profound transformation in government practices. This article argues that judicialization, especially the so-called “judicialization of politics”, has close relations with neoliberalism. The problem is that, at present, there are few studies capable of corroborating this relationship. How and to what extent was the judicialization promoted by neoliberalism? To answer this question, we make a genealogical analysis on a set of documents written in the mid-twentieth century. According to our hypothesis, these documents emerge a program of government where the judicialization is not only admitted and even promoted, but also proposed as a privileged practice of state intervention on
society

El fallo comentado muestra una tendencia de la Corte Suprema hacia la judicialización de políticas sanitarias, en consonancia con otros tribunales de la región. El debate importante no es si está justificada la intervención judicial, sino responder a la cuestión acerca de cuánta judicialización está justificada en la moderna sociedad chilena.

La judicialización de políticas sanitarias ocurre en la práctica constitucional latinoamericana desde hace tiempo, como muestran repetidas decisiones en materia de salud de las Cortes de Argentina, Brasil y Colombia. Los tribunales de justicia son un actor clave que está implicado en decisiones sobre políticas públicas. En la actualidad no se puede seguir cuestionando la intervención de la Corte Suprema en materia de protección de derechos como si estuviéramos en el siglo pasado.

Parte-se, na presente obra, da percepção de que a rapidez com que se
alteram os cenários político, econômico e social, aliada à crescente complexidade da sociedade contemporânea, tem exigido um profundo redimensionamento do papel da política e das instituições jurídicas no corpo social. Aquele modelo jurídico de cunho marcadamente conservador, no mais das vezes indiferente às pressões das massas populares e às lutas pelo direito a ter direitos, vem sendo paulatinamente superado por um (novo) modelo de Estado, mais democrático, socializante e inclusivo, que assume obrigações prestacionais e onerosas – de intervenção – e que, ao buscar efetivá-las, dialoga com os anseios dos mais diferentes conjuntos de atores sociais, concertando-os. E, nesse contexto de redimensionamento do papel do Estado, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas tem sustentado que os poderes
públicos têm a obrigação de assegurar, em todo o momento, inclusive em épocas de crises ou de dificuldades fáticas, e mesmo diante da reserva do possível, ao menos os conteúdos essenciais de cada um dos direitos fundamentais, impondo aos Estados membros das Nações Unidas e às diversas esferas desses Estados um dever de não regressividade em matéria de direitos fundamentais. Da mesma forma, diferentes ordenamentos consagram a obrigação dos Estados, de respeito ao conteúdo mínimo/essencial dos direitos reconhecidos como fundamentais em constituições ou em convenções e tratados internacionais – sejam eles categorizados como civis, políticos ou sociais –, conteúdo que está condicionado apenas pelo contexto em que se aplica o direito e que admite permanente atualização histórica, que não pode ser delegada, contudo, ao alvedrio dos agentes políticos e administrativos de turno. Esse mínimo/essencial, “núcleo duro” dos direitos fundamentais relacionado ao mínimo existencial e à dignidade humana, será, sempre, uma barreira intransponível, que obriga a uma permanente delimitação e demanda certa integração entre justiça e
política, entre juízes e administradores públicos. Admite-se, assim, a existência de um continuum entre uns e outros direitos axiologicamente
categorizados como fundamentais – civis, políticos e sociais –, direitos que têm um papel funcional específico no ordenamento jurídico do Estado democrático de direito, sem que nem as obrigações que eles contêm, nem o caráter de sua formulação possa convertê-los em direitos de livre configuração legislativa, tampouco em direitos cuja efetividade fica sujeita ao alvedrio dos agentes políticos e/ou administrativos de turno. Os direitos fundamentais sociais são, assim, direitos exigíveis, conquanto para a sua vigência (eficácia) plena seja imprescindível – de uma forma ou de outra – a intervenção legislativa e a ação do Poder Executivo, inclusive através de formulação, aplicação, avaliação e controle de políticas públicas sociais. São direitos plenamente jurisdicionáveis, portanto, ou seja, direitos que podem ser exigidos diante de um tribunal e que devem ser por ele tutelados.

Introduction
The legalization of the right to health has unknown actual magnitude and profile, hindering the planning of the Judiciary and the Executive. The study aimed to characterize the legalization of the right to health in the state Ceará, to calculate their magnitude and describe the subjects, disease and the demanded objects profiles.

Methods
This is cross-sectional, quantitative and descriptive study, using lawsuits records in judicial information systems between 1998 and 2012.

Results
We identified 1,757 cases and selected 965 for a second analysis. The research revealed that the median authors’ age is 57.8 years, which are mostly, retired (32%) and sponsored by private lawyers (68%); a single lawyer is responsible for 25% of the demands. The request for medicinal product represents 74% of applications. Lymphoma, COPD, myeloma and diabetes alone represent 31% of all diseases. Medical prescriptions in most cases come from the public service (76%). The most required asset is MabThera, Spiriva ®, Lantus and other supplies for diabetes.

Conclusion
There is a clear expansion of legalization trend of in Ceará, raising the hypothesis of a new access door that amplifies inequalities in health.

Keywords : health policy; judicialization; right to health


Introdução
A judicialização do direito à saúde tem magnitude e perfil reais desconhecidos, dificultando o planejamento do Judiciário e do Executivo. O objetivo deste trabalho é caracterizar a judicialização do direito à saúde no Estado Ceará, dimensionar sua magnitude e descrever o perfil dos sujeitos, das patologias e dos objetos demandados.

Métodos
Estudo transversal de natureza quantitativa e descritiva, conduzido a partir dos registros de processos judiciais nos sistemas de informação do Judiciário entre 1998 e 2012.

Resultados
Dos 1.757 processos identificados, 965 foram selecionados para uma segunda análise. A mediana da idade dos autores foi de 57,8 anos, que são, em sua maioria, aposentados (32%) e patrocinados por advogados particulares (68%), com destaque para um único advogado, que foi responsável por 25% das demandas. A solicitação por medicamento representou 74% dos pedidos. Linfoma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mieloma e diabetes equivaleram sozinhas a 31% de todas as doenças. As prescrições médicas, na sua maioria, vinham da própria rede pública (76%). Os bens mais requeridos foram Mabthera®, Spiriva®, Lantus® e outros insumos para diabetes.

Conclusão
Há uma tendência de ampliação do processo de judicialização no Ceará, suscitando-se a hipótese de uma nova porta de acesso que amplifica potencialmente as desigualdades em saúde.

Keywords : política de saúde; judicialização; direito à saúde

La definición del derecho y los derechos sólo está parcialmente establecida en la norma. Su asignación de sentido y las posibilidades de su eficacia/efectividad dependen tanto de las políticas públicas que posibilitan o no su materialización, como de los procesos de adjudicación en los que en tribunales se interpreta, aclara, expande, constriñe o distorsiona lo establecido en la regla legal.
En esta ponencia expongo las formas que puede adquirir el derecho de los pueblos indígenas en su judicialización, tomando como eje de análisis el proceso legal seguido en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero para exigir su derecho a elegir sus autoridades por usos y costumbres. La trayectoria del litigio se prolongó a lo largo de 3 años y derivó en la realización de una consulta. De todo el periplo, me enfoco en lo que supone autorizar la realización de la consulta con tan inusuales características, cuyas posibilidades y límites, pretendo problematizar aquí.

What explains institutional instability in national judicial institutions?
Much extant research focuses on de facto institutional instability,
emphasizing political motivations behind irregular changes to high court
composition. In contrast, I consider the causes for de jure changes made
to the Ecuadorian Supreme Court from 1979 to the present, drawing on
qualitative and quantitative analyses. I contend that the judicialization
of politics and presidential interest in stacking the courts are central
explanatory factors, and that changes to the Supreme Court’s
institutional framework reflect implicit compromises and political
arrangements negotiated by strategic political actors. As such,
institutional reforms to national judicial institutions may be adopted to
ameliorate conflict in the larger political sphere.

El artículo aborda la judicialización de decisiones médicas en el final de la vida, en el marco del avance de la justicia en la regulación de la práctica médica y de un mayor reconocimiento de la autonomía de los pacientes. El artículo examina, desde una perspectiva sociológica, la jurisprudencia producida por tribunales argentinos entre los años 1975 y 2015 en torno al rechazo de tratamientos médicos en el final de la vida. Siguiendo un diseño metodológico cualitativo, se analizan 38 fallos, relevados a partir de descriptores en bases de datos jurisprudenciales. En primer lugar, se describen los casos judicializados, caracterizados por el protagonismo de las instituciones de salud como litigantes, el sesgo pro-tratamiento de los pedidos, y el alto porcentaje de demandas en ausencia de conflictos o en situaciones que no requerirían intervención judicial. En segundo lugar, se analizan los factores judiciales y extrajudiciales que inciden en la justiciabilidad del rechazo de tratamien...

DOI 10.13140/RG.2.1.5052.2481 MARIANO SILVA, Jeferson. (2011), Crítica da judicialização da política. Dissertação de mestrado (Ciência política). Rio de Janeiro: IESP-UERJ. “Judicialização da política” é um termo cada vez mais comum no vocabulário político, científico ou não. No entanto, quanto mais se difunde o termo, mais impreciso ele se torna e mais variadas as interpretações valorativas que dele são feitas. De qualquer modo, a noção de “judicialização da política” está fortemente associada ao controle concentrado de constitucionalidade das leis e dos atos normativos empreendido pelo Supremo Tribunal Federal. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as decisões do Supremo estariam, cada vez mais, invadindo o campo, outrora desconhecido pelo Judiciário, da política. Constituição e decisões judiciais: essas seriam as origens da expansão judiciária sobre a política. Uma análise crítica dessas fontes originárias – ou seja, do processo constituinte e da produção do discurso judiciário sobre a constitucionalidade das leis – permite discutir o valor analítico dos diferentes sentidos que se atribui à expressão “judicialização da política”. Ativismo judicial, participação jurídico-política e proteção de minorias são algumas das idéias problematizadas diante da inação minuciosa e sistemática do Supremo Tribunal Federal, da seletividade estrutural de sua atividade (e de sua inatividade) e da hierarquização dos intérpretes constitucionais que ele produz. O confronto entre essas noções ligadas ao processo de expansão do Judiciário aponta em que sentido a expressão “judicialização da política” pode ser conceitualmente apropriada e analiticamente mobilizada por uma perspectiva crítica.

Este artículo analiza la influencia partidista sobre la designación de jueces supremos en democracias con bajos niveles de institucionalización. A diferencia del enfoque clásico en el que se asume que cuando los presidentes son políticamente débiles el efecto consiguiente es la selección de jueces más independientes de los intereses partidistas, lo que aquí se propone es que frente a Ejecutivos sin recursos políticos suficientes es la legislatura la que asume el control de las cortes de justicia. En términos analíticos, mientras en el primer caso se trata de un juego principal-agente con un solo actor provisto de recursos dirimentes (presidente), en el segundo caso el juego tiene lugar con varios principales (partidos en legislatura). A través de datos inéditos sobre la Corte Suprema del Ecuador en funciones durante el período 1979-2013 y recurriendo a narrativas históricas se constata que los cambios en las mayorías legislativas suelen ser el antecedente de cambios en la conformaci...

La profundización de los conflictos frente al avance del agronegocio ha supuesto nuevos campos y modos de lucha para los movimientos socioambientales, así como transformaciones en el derecho ambiental. En el marco de nuestras sociedades neoliberales, esto puede comprenderse como un proceso de judicialización de las luchas, en las que se produce una revalorización de lo judicial como medio de arbitraje de los conflictos, frente al protagonismo de la dinámica de las empresas que elevan la conflictividad social en el ejercicio de sus actividades. En este artículo abordamos cuatro conflictos socioambientales de la provincia de Córdoba (Argentina) con el foco puesto en lo que concebimos como prácticas judiciales. Por medio del análisis de discurso de diversos recursos jurídicos interpuestos por los miembros de estos colectivos, estudiamos dos ejes: uno de contenido ambiental, vinculado al principio precautorio; otro formal, relacionado con la puesta en juego de tres argumentos procedimentales: los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas y las disposiciones de uso del suelo. Nuestros primeros análisis sugieren que los colectivos en lucha invocan un uso estratégico del derecho, más allá de los delitos ambientales, que está más próximo al efecto legitimante de la evidencia científica y a aspectos formales, administrativos o de regulaciones de otro tipo de materia no ambiental, cuyo incumplimiento puede presentarse de manera clara y contundente frente a las formas de enunciación y apropiación ideológicas del derecho ambiental por parte de las autoridades jurídicas.

Este artículo se aboca al análisis de un fenómeno novedoso y escasamente examinado en el campo de los estudios sobre la protesta en Argentina, y en América Latina en general: la judicialización de los reclamos sociales. El papel protagónico de las villas y los nuevos asentamientos urbanos en la lucha por la vivienda que se ha venido desarrollando durante la última década en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires configura un ejemplo saliente en el marco de este fenómeno. El análisis se apoya en un estudio de caso, la judicialización de los reclamos de un nuevo asentamiento urbano llamado Playón de Chacarita. A partir de los hallazgos de esta investigación, el artículo reflexiona sobre algunas transformaciones recien-tes en la sociedad argentina y sus efectos en las expresiones políticas de las clases populares. También ofrece algunas perspectivas sobre los desafíos que enfrentan actualmente los secto-res urbanos más destituidos para exigir la efectivización de sus derechos. Palabras clave: judicialización, acción colectiva, derechos sociales, vivienda, Buenos Aires.

Parte-se, na presente obra, da percepção de que a rapidez com que se
alteram os cenários político, econômico e social, aliada à crescente complexidade da sociedade contemporânea, tem exigido um profundo redimensionamento do papel da política e das instituições jurídicas no corpo social. Aquele modelo jurídico de cunho marcadamente conservador, no mais das vezes indiferente às pressões das massas populares e às lutas pelo direito a ter direitos, vem sendo paulatinamente superado por um (novo) modelo de Estado, mais democrático, socializante e inclusivo, que assume obrigações prestacionais e onerosas – de intervenção – e que, ao buscar efetivá-las, dialoga com os anseios dos mais diferentes conjuntos de atores sociais, concertando-os. E, nesse contexto de redimensionamento do papel do Estado, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas tem sustentado que os poderes
públicos têm a obrigação de assegurar, em todo o momento, inclusive em épocas de crises ou de dificuldades fáticas, e mesmo diante da reserva do possível, ao menos os conteúdos essenciais de cada um dos direitos fundamentais, impondo aos Estados membros das Nações Unidas e às diversas esferas desses Estados um dever de não regressividade em matéria de direitos fundamentais. Da mesma forma, diferentes ordenamentos consagram a obrigação dos Estados, de respeito ao conteúdo mínimo/essencial dos direitos reconhecidos como fundamentais em constituições ou em convenções e tratados internacionais – sejam eles categorizados como civis, políticos ou sociais –, conteúdo que está condicionado apenas pelo contexto em que se aplica o direito e que admite permanente atualização histórica, que não pode ser delegada, contudo, ao alvedrio dos agentes políticos e administrativos de turno. Esse mínimo/essencial, “núcleo duro” dos direitos fundamentais relacionado ao mínimo existencial e à dignidade humana, será, sempre, uma barreira intransponível, que obriga a uma permanente delimitação e demanda certa integração entre justiça e
política, entre juízes e administradores públicos. Admite-se, assim, a existência de um continuum entre uns e outros direitos axiologicamente
categorizados como fundamentais – civis, políticos e sociais –, direitos que têm um papel funcional específico no ordenamento jurídico do Estado democrático de direito, sem que nem as obrigações que eles contêm, nem o caráter de sua formulação possa convertê-los em direitos de livre configuração legislativa, tampouco em direitos cuja efetividade fica sujeita ao alvedrio dos agentes políticos e/ou administrativos de turno. Os direitos fundamentais sociais são, assim, direitos exigíveis, conquanto para a sua vigência (eficácia) plena seja imprescindível – de uma forma ou de outra – a intervenção legislativa e a ação do Poder Executivo, inclusive através de formulação, aplicação, avaliação e controle de políticas públicas sociais. São direitos plenamente jurisdicionáveis, portanto, ou seja, direitos que podem ser exigidos diante de um tribunal e que devem ser por ele tutelados.

Parte-se, na presente obra, da percepção de que a rapidez com que se alteram os cenários político, econômico e social, aliada à crescente complexidade da sociedade contemporânea, tem exigido um profundo redimensionamento do papel da política e das instituições jurídicas no corpo social. Aquele modelo jurídico de cunho marcadamente conservador, no mais das vezes indiferente às pressões das massas populares e às lutas pelo direito a ter direitos, vem sendo paulatinamente superado por um (novo) modelo de Estado, mais democrático, socializante e inclusivo, que assume obrigações prestacionais e onerosas – de intervenção – e que, ao buscar efetivá-las, dialoga com os anseios dos mais diferentes conjuntos de atores sociais, concertando-os. E, nesse contexto de redimensionamento do papel do Estado, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas tem sustentado que os poderes públicos têm a obrigação de assegurar, em todo o momento, inclusive em épocas de crises ou de dificuldades fáticas, e mesmo diante da reserva do possível, ao menos os conteúdos essenciais de cada um dos direitos fundamentais, impondo aos Estados membros das Nações Unidas e às diversas esferas desses Estados um dever de não regressividade em matéria de direitos fundamentais. Da mesma forma, diferentes ordenamentos consagram a obrigação dos Estados, de respeito ao conteúdo mínimo/essencial dos direitos reconhecidos como fundamentais em constituições ou em convenções e tratados internacionais – sejam eles categorizados como civis, políticos ou sociais –, conteúdo que está condicionado apenas pelo contexto em que se aplica o direito e que admite permanente atualização histórica, que não pode ser delegada, contudo, ao alvedrio dos agentes políticos e administrativos de turno. Esse mínimo/essencial, “núcleo duro” dos direitos fundamentais relacionado ao mínimo existencial e à dignidade humana, será, sempre, uma barreira intransponível, que obriga a uma permanente delimitação e demanda certa integração entre justiça e política, entre juízes e administradores públicos. Admite-se, assim, a existência de um continuum entre uns e outros direitos axiologicamente categorizados como fundamentais – civis, políticos e sociais –, direitos que têm um papel
funcional específico no ordenamento jurídico do Estado democrático de direito, sem que nem as obrigações que eles contêm, nem o caráter de sua formulação possa convertê-los em direitos de livre configuração legislativa, tampouco em direitos cuja efetividade fica sujeita ao alvedrio dos agentes políticos e/ou administrativos de turno. Os direitos fundamentais sociais são, assim, direitos exigíveis, conquanto para a sua vigência
(eficácia) plena seja imprescindível – de uma forma ou de outra – a intervenção legislativa
e a ação do Poder Executivo, inclusive através de formulação, aplicação, avaliação e controle de políticas públicas sociais. São direitos plenamente jurisdicionáveis, portanto, ou seja, direitos que podem ser exigidos diante de um tribunal e que devem ser por ele tutelados. Nesse contexto, a presente obra insere-se em uma proposta investigativa que pretende problematizar a configuração contemporânea dos direitos fundamentais sociais e a sua efetividade.

DOI 10.13140/RG.2.1.4298.5847
MARIANO SILVA, Jeferson. (2014), "Os primeiros anos da jurisdição constitucional espanhola (1981-1986)". Colóquio Internacional Justiça, Política e Sociedade.
Nesse período, de 1980 a 1986, a história da jurisdição constitucional abstrata espanhola foi a história de dois tipos de embates políticos. Em primeiro lugar, estavam as disputas entre, de um lado, as instituições parlamentares e administrativas centrais do Estado e, de outro, as análogas instituições regionais. E, em segundo lugar, encontrava-se a confrontação, em nível nacional, entre as principais forças partidárias da época – até 1982, PSOE e UCD e, de 1982 em diante, PSOE e AP (Aliança Popular) –, cuja clivagem coincidia, em linhas gerais, com a divisão ideológica entre esquerda (PSOE) e direita (UCD e AP). No primeiro tipo de embates, a jurisdição constitucional abstrata atuou como um freio ao processo de descentralização do Estado, adotando uma orientação moderadamente centralista na resolução das disputas que lhe foram propostas. Já no segundo tipo, ela se inclinou para a esquerda do espectro político, alinhando-se com as concepções ideológicas relativamente progressistas do PSOE. Em ambos os tipos de embates, o Tribunal atuou como uma instância de racionalização de conflitos judiciais, estabelecendo novos critérios, mais ou menos estáveis, a partir dos quais eles pudessem ser resolvidos daí por diante. Ao produzir uma série de normas originais para a resolução de conflitos e determinar em sua jurisprudência o significado mais preciso de algumas das disposições vagas que as Cortes constituintes haviam inscrito na Constituição, o Tribunal assumiu um caráter político mais pronunciado.