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This thesis examines the legitimacy of constitutionally protecting social rights through the mechanism of judicial review. While social rights are often defended as requirements of social justice, persistent disagreement about the... more
This thesis examines the legitimacy of constitutionally protecting social rights through the mechanism of judicial review. While social rights are often defended as requirements of social justice, persistent disagreement about the substance and scope of social rights invalidates the justification of judicial review. Instead, I argue for the protection of social rights as demands of democracy. I propose to distinguish between two levels of social rights. A first level should be understood as part of the preconditions of democratic legitimacy that safeguard the effective political participation of all citizens. This level is legitimately protected through strong judicial review. A second level, by contrast, consists of social rights as demands of social justice, the content and scope of which should be decided by the democratic assembly, and remain free of judicial interference.
La presente obra de autoría colectiva ofrece atractivos e innovadores análisis sobre las diversas perspectivas de la legitimidad democrática que se debaten en la actualidad, tales como las que se prescriben para el Estado de Derecho desde... more
La presente obra de autoría colectiva ofrece atractivos e innovadores análisis sobre las diversas perspectivas de la legitimidad democrática que se debaten en la actualidad, tales como las que se prescriben para el Estado de Derecho desde el liberalismo, el comunitarismo, el populismo, la democracia deliberativa y el republicanismo.
Cada trabajo que integra este libro puede ser leído de forma autónoma e independiente. Sin embargo, entre estos capítulos también existen importantes conexiones de sentido. A dichos trabajos los reúnen ciertas preocupaciones sobre problemas y desafíos que nos son comunes. Desde dicha perspectiva, en esta obra colectiva, diversas autoras y autores se proponen como objetivo común examinar los bordes de legitimidad democrática en el Estado de Derecho contemporáneo. Esos estudios se centran no solo en diversas experiencias teóricas y normativas, sino también en diversas experiencias institucionales que han tenido lugar en contextos situados.
¿Acaso no existen profundos y persistentes desacuerdos acerca de lo que debe entenderse por  legítimo en el Estado de Derecho del siglo XXI? Sobre esta cuestión ha de reflexionar cada integrante de este prestigioso grupo académico, que participa de la presente obra con la esperanza de contribuir a tornar más robusta la legitimidad democrática del Estado de Derecho contemporáneo. Las lectoras y lectores, entonces, tienen ahora en sus manos algunas herramientas conceptuales necesarias, aunque no suficientes, para continuar la reflexión sobre este interrogante.
La presente obra examina el estatus jurídico y moral de los derechos sociales en las sociedades contemporáneas. La autora sostiene que estos derechos deben ser tomados en serio, y protegidos de manera robusta por las instituciones... more
La presente obra examina el estatus jurídico y moral de los derechos sociales en las sociedades contemporáneas. La autora sostiene que estos derechos deben ser tomados en serio, y protegidos de manera robusta por las instituciones jurídicas, como precondiciones de la democracia. A la pregunta sobre si la protección constitucional robusta de los derechos sociales está justificada en una democracia, ordinariamente se sostiene que hay que elegir entre la supremacía de los tribunales o la superioridad de la asamblea legislativa; pero si se adopta la primera posición habrá que cargar con una disminución en la legitimidad del sistema político por permitir que sean los jueces quienes aseguren los derechos sociales en última instancia, y si se adopta la segunda, el coste consistirá en una mengua en la justicia de las decisiones adoptadas por una mayoría que eventualmente fracasará en la protección de los derechos sociales de todos. La autora considera que este planteamiento en forma de dilema es incorrecto: estar de acuerdo con la importancia de las consideraciones democráticas no implica el rechazo de la protección robusta de los derechos sociales constitucionales. En el libro se argumenta que es viable reconciliar ambas posiciones y aprovechar las fortalezas de cada una para justificar los derechos sociales constitucionales desde la legitimidad democrática. Por ello, incluso para quienes, tomándose en serio los desacuerdos sobre las cuestiones de justicia social, consideran que ellas deberían ser decididas por el órgano legislativo, habría razones para asegurar constitucionalmente los derechos sociales y garantizarlos a través de un mecanismo robusto de control de constitucionalidad.
Research Interests:
En este artículo considero, en primer lugar, tres desiderata que debería satisfacer una teoría deseable de los derechos sociales: 1) no trivialidad; 2) determinación del contenido; y 3) alcance. De esta manera, la primera parte del... more
En este artículo considero, en primer lugar, tres desiderata que debería satisfacer una teoría deseable de los derechos sociales: 1) no trivialidad; 2) determinación del contenido; y 3) alcance. De esta manera, la primera parte del trabajo tiene el objetivo de presentar y mostrar la relevancia de estos tres criterios de evaluación. En segundo lugar, examino qué tan bien da cuenta de estos desiderata uno de los enfoques dominantes en la literatura filosófica-jurídica de los derechos sociales, la teoría de los recursos adecuados para una vida digna. Mostraré que esta teoría de los derechos sociales puede satisfacer con diverso grado algunos de los desiderata bajo examen, pero no todos. Concluiré que los desiderata permiten filtrar las buenas teorías de las que no lo son, enmendar aquellas debilidades en la medida de lo posible, y realizar una comparación que nos permita listar las distintas teorías según su deseabilidad.

In this paper I consider three desiderata that a desirable theory of social rights should satisfy: 1) non-triviality; 2) content-determinacy; and 3) scope. The first part of this paper aims to present and show the relevance of these three desiderata. The second examines how well one of the dominant approaches in the legal philosophy of social rights literature that grounds these rights in the notion of human dignity accounts for these desiderata. I show how this theory of social rights only satisfies some of the desiderata under examination but not all three. I conclude that the three desiderata allow us to filter out the good theories, to potentially amend weaknesses in other theories, and to compare and rank different theories according to their desirability.Theory of social rights; evaluation; desiderata; social justice
Esta contribución a la discusión del libro El derecho como una conversación entre iguales de Roberto Gargarella tiene dos objetivos. En primer lugar, se esclarecen las ideas coincidentes que permiten pensar los derechos sociales en... more
Esta contribución a la discusión del libro El derecho como una
conversación entre iguales de Roberto Gargarella tiene dos objetivos.
En primer lugar, se esclarecen las ideas coincidentes que permiten pensar los derechos sociales en nuestras democracias contemporáneas caracterizadas por el pluralismo y los desacuerdos profundos.
En segundo lugar, se plantean y discuten tres problemas de la concepción
de la democracia que defiende el autor en relación con la protección de los derechos sociales “a cargo” del diálogo ciudadano: la noción básica de igualdad, la falta de protección de las precondiciones del procedimiento y la excesiva confianza en la ciudadanía para
el respeto de los derechos sociales.
El presente trabajo tiene el objetivo de contribuir al artículo “Justicia social y los sistemas económicos: sobre Rawls, socialismo democrático y alternativas al capitalismo”, de Martin O’Neill, mostrando la relevancia del ingreso básico... more
El presente trabajo tiene el objetivo de contribuir al artículo “Justicia social y los sistemas económicos: sobre Rawls, socialismo democrático y alternativas al capitalismo”, de Martin O’Neill, mostrando la relevancia del ingreso básico y el enfoque de género para pensar las instituciones necesarias para una sociedad democrática justa en la práctica. Para ello se propone examinar y vincular las propuestas del autor con la literatura sobre el ingreso básico y el género, dando cuenta que la propuesta de alguna forma de socialismo democrático liberal de O’Neill, basada en postulados normativos rawlsianos ampliamente compartidos, podrían enriquecerse si se tienen en cuenta tales aportes.
La constitucionalizacion de los derechos sociales se situa en la encrucijada entre las exigencias de la democracia y las demandas de la justicia distributiva, dos cuestiones fundamentales de la filosofia politica contemporanea cuya... more
La constitucionalizacion de los derechos sociales se situa en la encrucijada entre las exigencias de la democracia y las demandas de la justicia distributiva, dos cuestiones fundamentales de la filosofia politica contemporanea cuya conexion ha sido indebidamente ignorada. En este trabajo se sostiene que estas dos importantes cuestiones estan relacionadas y que, por lo tanto, es posible que surjan conflictos entre ellas. En particular, la proteccion robusta de los derechos sociales debe dar cuenta de las objeciones contrademocraticas que pesan de manera especial sobre el control judicial de constitucionalidad de las exigencias de la justicia distributiva.
The judiciary is a key policy actor that is involved in deciding health rights and policy by intervening in the policy process through a variety of judicial mechanisms, yet the appropriate extent of its involvement remains contentious.... more
The judiciary is a key policy actor that is involved in deciding health rights and policy by intervening in the policy process through a variety of judicial mechanisms, yet the appropriate extent of its involvement remains contentious. Taking the competence objection seriously requires understanding it as an epistemic problem about how courts assess empirical and scientific evidence in order to competently adjudicate controversial health claims. This paper examines recent advances in social epistemol- ogy to develop insights for the epistemic competence of the judiciary from a system- oriented approach. I outline three epistemic features that set the judiciary and the judicial decision-making process apart from other types of decision-makers in health policy: the distribution of epistemic power, the epistemic authority of a justified be- liever, and the principle of disinterestedness. Finally, I relate these insights back to the judicial decision-making process with a specific focus on recent court decisions in health rights and health policy in Chile.
This paper focuses on an emergency basic income (EBI) as a tool for avoiding financial insecurity during the time of pandemic. The authors argue that paying each resident a monthly cash amount for the duration of the crisis would serve to... more
This paper focuses on an emergency basic income (EBI) as a tool for avoiding financial insecurity during the time of pandemic. The authors argue that paying each resident a monthly cash amount for the duration of the crisis would serve to protect them from the economic fallout.They suggest three reasons why the EBI proposal is particularly well-suited to play an important role in a comprehensive public health response to COVID-19: it offers an immediate and agile response; it prioritizes the most vulnerable in the affected population; and it promotes a solidaristic response to the pandemic crisis. To go beyond the need to shut down and restart an EBI assistance scheme each time a pandemic hits, the authors propose considering turning the program into a permanent feature.
While most of its advocates justify the right to a basic income because it promotes individual freedom, autonomy and human development, an alternative line of argumentation insists that a universal basic income is a core component of a... more
While most of its advocates justify the right to a basic income because it promotes individual freedom, autonomy and human development, an alternative line of argumentation insists that a universal basic income is a core component of a well-functioning democratic society. In this article I examine the democratic case for a basic income by engaging with the work of Carole Pateman and Michael Goodhart. More concretely, I argue that although their proposals offer interesting insights, they ultimately fail to properly justify the importance of a basic income on democratic grounds. I develop an alternative argument based on the right to political participation and explain why a universal basic income scheme may promote such right.
Las justificaciones normativas de la protección constitucional de los derechos sociales han recibido especial atención desde las teorías de la justicia social, a partir de las cuales se fundamentan estos derechos dentro de algún ideal de... more
Las justificaciones normativas de la protección constitucional de los derechos sociales han recibido especial atención desde las teorías de la justicia social, a partir de las cuales se fundamentan estos derechos dentro de algún ideal de sociedad justa. Sin embargo, esta vía de justificación presenta varios problemas que la vuelven insatisfactoria. El objetivo en este trabajo, en cambio, es fundamentar el reconocimiento jurídico y la garantía constitucional de los derechos sociales desde la perspectiva de la democracia. No se niega que lo que requiere la justicia social es fundamental y que los derechos sociales presentan un canal atractivo para defender una distribución más igualitaria en las sociedades abiertamente desiguales. Se sostiene, no obstante, que las exigencias sociales pueden ser primeramente justificadas como precondiciones materiales de la legitimidad democrática de manera distintiva de lo que exige la justicia social.
Research Interests:
One major objection to social rights is a failure of determining which precise social and economic claims should be granted rights status. The social rights debate has grappled with this ‘indeterminacy problem’ for quite some time, and a... more
One major objection to social rights is a failure of determining which precise social and economic claims should be granted rights status. The social rights debate has grappled with this ‘indeterminacy problem’ for quite some time, and a number of proposals have emerged aimed at fixing the content of these rights. In what follows I examine three important distinct approaches to fleshing out the idea of a minimum threshold: social rights as the fulfilment of basic needs, social rights as the securing of a minimally decent life, and social rights as a requirement of citizenship (a civic minimum). Each of these proposals progressively expands on what the minimum threshold of social rights requires and, conversely, what obligations they generate on part of the state. I will show that none of these approaches is entirely satisfactory and suggest that the social rights debate look elsewhere to determine its content.
Justificar los derechos sociales y su alcance desde lo que exige la justicia social presenta problemas de indeterminación de su contenido en las circunstancias de la política. Estas refieren a la necesidad de adoptar decisiones... more
Justificar los derechos sociales y su alcance desde lo que exige la justicia social presenta problemas de indeterminación de su contenido en las circunstancias de la política. Estas refieren a la necesidad de adoptar decisiones colectivas sobre cuestiones socio-económicas en un marco de desacuerdos profundos y persistentes entre los miembros de la sociedad. Dado que es necesario adoptar decisiones políticas respecto de la distribución de cargas y beneficios, pero disentimos sobre cuál es el criterio más justo para hacerlo, parece que imponer condiciones sustanciales que procuran atrincherar un conjunto de principios de justicia social nos lleva a un punto muerto. En este trabajo propongo pensar la cuestión de la fundamentación de los derechos sociales desde una perspectiva alternativa, la de la legitimidad procedimental. Para ello, primero introduciré el plano de justificación de los derechos como exigencias de la democracia y la consideración común de que su reconocimiento y protección impone ciertas restricciones al procedimiento democrático. Pese a que muchos de los teóricos comparten esta aproximación, se asumen diferentes concepciones de la democracia y de lo que ésta exige. Analizaré tres concepciones distintas de la democracia extensamente discutidas en  filosofía política contemporánea: la concepción sustancialista de Ronald Dworkin; la concepción moderada de los límites a la autoridad democrática de Thomas Christiano; y la concepción procedimental de Jeremy Waldron. Este análisis me servirá para concluir que tenemos razones para adoptar una concepción procedimental de la democracia para fundamentar los derechos sociales, cuando aquella incorpora la noción de participación política efectiva y un estándar de no exclusión.
Research Interests:
Commentary on Steve Latham (2015), Political Philosophy and Political Theory. Public Health Ethics Special Issue (in press), on Republicanism and Public Health.
Research Interests:
A basic income is typically defined as an individual’s entitlement to receive a regular payment as a right, independent of other sources of income, employment or willingness to work, or living situation. In this article, we examine what... more
A basic income is typically defined as an individual’s entitlement to receive a regular payment as a right, independent of other sources of income, employment or willingness to work, or living situation. In this article, we examine what it means for the state to institute a right to basic income. The normative literature on basic income has developed numerous arguments in support of basic income as an inextricable component of a just social order, but there exists little analysis about basic income within a jurisprudential or philosophical rights perspective. In our view, strong reasons of either a principled or pragmatic nature in support of instituting a basic income scheme nevertheless often fall short of warranting that we ascribe to basic income a distinctive Hohfeldian rights status. This article aims to partially redress this gap by examining two sets of questions. First, what are the implications – ethical and practical – of adopting basic income as a legal right as opposed to a mere policy? Second, we also enquire whether there should be such a right: what, if anything, is the ethical foundation that warrants granting basic income a distinctive legal rights status? This article suggests that any such foundation must be grounded in comparative evaluation and discusses several comparative strategies available to basic income advocates. The aim of this article is not to offer a definite argument in favor of a legal right to basic income, but chart several lines of argument that a rights perspective might add to the contemporary discussion.
While basic income has surged in policy interest in recent years, political research has not kept up with the debate in the trenches. In this paper we tackle a political problem any enacting coalition must face: how to ensure the... more
While basic income has surged in policy interest in recent years, political research has not kept up with the debate in the trenches. In this paper we tackle a political problem any enacting coalition must face: how to ensure the political stability of a basic income scheme over time. We first demonstrate how basic income schemes are particularly vulnerable to processes of policy change discussed in the recent policy feedback literature. We then analyze whether constitutionalizing basic income in a Bill of Rights protected by strong judicial review would offer a valuable route for boosting basic income’s stability. A careful examination of the decision-making process within judicial review suggests that, caught up in a dilemma between judicial restraint and judicial activism, an enacting coalition would do well not to rely on constitutional mechanisms as the sole avenue for ensuring the political stability of basic income.
Courts play a key role in deciding on public health controversies, but the legitimacy of judicial intervention remains highly controversial. In this article I suggest that we need to carefully distinguish between different reasons for... more
Courts play a key role in deciding on public health controversies, but the legitimacy of judicial intervention remains highly controversial. In this article I suggest that we need to carefully distinguish between different reasons for persistent disagreement in the domain of public health. Adjudicating between public health controversies rooted in factual disagreements allows us to investigate more closely the epistemic capacities of the judicial process. While the critics typically point out the lack of appropriate expertise of judges—in particular with respect to health and public health—we should not move too fast in inferring from this a generalized competence problem. This article offers four reasons for vindicating the importance of judicial intervention in factual disagreements: the relative independence of judges from the political establishment, the judicial commitment to evidence, the specific nature of judicial reasoning and an additional voice for the people in the policy-making process.
La constitucionalización de los derechos sociales se sitúa en la encrucijada entre las exigencias de la democracia y las demandas de la justicia distributiva, dos cuestiones fundamentales de la filosofía política contemporánea cuya... more
La constitucionalización de los derechos sociales se sitúa en la encrucijada entre las exigencias de la democracia y las demandas de la justicia distributiva, dos cuestiones fundamentales de la filosofía política contemporánea cuya conexión ha sido indebidamente ignorada. En este trabajo se sostiene que estas dos importantes cuestiones están relacionadas y que, por lo tanto, es posible que surjan conflictos entre ellas. En particular, la protección robusta de los derechos sociales debe dar cuenta de las objeciones contrademocráticas que pesan de manera especial sobre el control judicial de constitucionalidad de las exigencias de la justicia distributiva.

The constitutional protection of social rights is situated at the crossroads between the requirements of democracy and the demands of distributive justice, two leading issues in the contemporary political philosophy whose connection has been unduly neglected. In this paper I maintain that more attention must be given to the interaction of these two fundamental issues, especially where conflicts emerge. In particular, the robust protection of social right should be responsive to counter-democratic objections against the judicial review of requirements of distributive justice.
Research Interests:
Conferencias de las profesoras Leticia Morales (Justificación democrática de los derechos sociales) y Yanira Zuñiga (Género e inmigración), seguidas de comentarios de los estudiantes Víctor García y Ramón Mayorga.
Research Interests:
Aunque haya vacíos legales, los tribunales tienen una obligación de brindar protección en situaciones que afectan los derechos humanos, explican las autoras. Eso implica, en la práctica, que hay circunstancias en que la ley no es cambiada... more
Aunque haya vacíos legales, los tribunales tienen una obligación de brindar protección en situaciones que afectan los derechos humanos, explican las autoras. Eso implica, en la práctica, que hay circunstancias en que la ley no es cambiada en el Congreso, sino que los vacíos los llena un juez, en línea con la legislación de derechos humanos. Las autoras ahondan aquí en un debate que se inició a partir del fallo que le reconoce dos madres a un niño, pero está presente cada vez que las minorías son olvidadas por el Congreso cuando legisla. En esas circunstancias, los tribunales pueden actuar como un “contra poder o control dentro del Estado de Derecho”, estiman.
Cualquiera sean los términos de un nuevo pacto social para Chile, éste tiene que restaurar el sentido de confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas
Research Interests:
El fallo comentado muestra una tendencia de la Corte Suprema hacia la judicialización de políticas sanitarias, en consonancia con otros tribunales de la región. El debate importante no es si está justificada la intervención judicial, sino... more
El fallo comentado muestra una tendencia de la Corte Suprema hacia la judicialización de políticas sanitarias, en consonancia con otros tribunales de la región. El debate importante no es si está justificada la intervención judicial, sino responder a la cuestión acerca de cuánta judicialización está justificada en la moderna sociedad chilena.
La judicialización de políticas sanitarias ocurre en la práctica constitucional latinoamericana desde hace tiempo, como muestran repetidas decisiones en materia de salud de las Cortes de Argentina, Brasil y Colombia. Los tribunales de... more
La judicialización de políticas sanitarias ocurre en la práctica constitucional latinoamericana desde hace tiempo, como muestran repetidas decisiones en materia de salud de las Cortes de Argentina, Brasil y Colombia. Los tribunales de justicia son un actor clave que está implicado en decisiones sobre políticas públicas. En la actualidad no se puede seguir cuestionando la intervención de la Corte Suprema en materia de protección de derechos como si estuviéramos en el siglo pasado.
Research Interests:
Coloquio abierto a estudiantes y profesores y profesoras de la Universidad Austral de Chile, así como a la comunidad puertomontina en general y demás personas interesadas en el tema. La primera sesión se compone de presentaciones... more
Coloquio abierto a estudiantes y profesores y profesoras de la Universidad Austral de Chile, así como a la comunidad puertomontina en general y demás personas interesadas en el tema.

La primera sesión se compone de presentaciones individuales breves de las y los participantes de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay. Cada participante tendrá una duración de 15 minutos para exponer las cuestiones principales del debate y cuáles son los desafíos más relevantes que la RBU enfrenta en su propio país, seguido de un espacio para preguntas de la audiencia.

La segunda sesión tendrá el formato de una mesa redonda con representantes de cada país en la cual la idea es debatir acerca de las similitudes y diferencias de la RBU en sus respectivos países. El propósito es poner el acento sobre la RBU en la región y explorar la idea de una perspectiva latinoamericana.

Más información en la página web: https://rentabasicauach.jimdosite.com/
Research Interests:
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«Adscripción y Reacción”, Responsabilidad Jurídica y Moral desde una Perspectiva Interpersonal se titula el libro del Dr. Sebastián Figueroa Rubio, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, recientemente... more
«Adscripción y Reacción”, Responsabilidad Jurídica y Moral desde una Perspectiva Interpersonal se titula el libro del Dr. Sebastián Figueroa Rubio, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, recientemente publicado por la prestigiosa colección Filosofía y Derecho de la Editorial Marcial Pons.
Con el propósito de promover la discusión nacional interuniversitaria e interdisciplinar, es que los académicos Leticia Morales (UACh, Sede Puerto Montt) y Sebastián Agüero-SanJuan (UACh, Valdivia) han organizado la discusión del citado libro con la finalidad de que académicos de reconocido prestigio y con experiencias disciplinares diversas discutan en torno a la «Adscripción y Reacción»
The judiciary is a key policy actor that is involved in deciding health rights and policy by intervening in the policy process through a variety of judicial mechanisms, yet the appropriate extent of its involvement remains contentious.... more
The judiciary is a key policy actor that is involved in deciding health rights and policy by intervening in the policy process through a variety of judicial mechanisms, yet the appropriate extent of its involvement remains contentious. Taking the competence objection seriously requires understanding it as an epistemic problem about how courts assess empirical and scientific evidence in order to competently adjudicate controversial health claims. This paper examines recent advances in social epistemology to develop insights for the epistemic competence of the judiciary from a system-oriented approach. I outline three epistemic features that set the judiciary and the judicial decision-making process apart from other types of decision-makers in health policy: the distribution of epistemic power, the epistemic authority of a justified believer, and the principle of disinterestedness. Finally, I relate these insights back to the judicial decision-making process with a specific focus on recent court decisions in health rights and health policy in Chile.
El presente trabajo tiene el objetivo de contribuir al artículo "Justicia social y los sistemas económicos: sobre Rawls, socialismo democrático y alternativas al capitalismo", de Martin O'Neill, mostrando la relevancia del... more
El presente trabajo tiene el objetivo de contribuir al artículo "Justicia social y los sistemas económicos: sobre Rawls, socialismo democrático y alternativas al capitalismo", de Martin O'Neill, mostrando la relevancia del ingreso básico y el enfoque de género para pensar las instituciones necesarias para una sociedad democrática justa en la práctica. Para ello se propone examinar y vincular las propuestas del autor con la literatura sobre el ingreso básico y el género, dando cuenta que la propuesta de alguna forma de socialismo democrático liberal de O'Neill, basada en postulados normativos rawlsianos ampliamente compartidos, podrían enriquecerse si se tienen en cuenta tales aportes.
A basic income is typically defined as an individual’s entitlement to receive a regular payment as a right, independent of other sources of income, employment or willingness to work, or living situation. In this article, we examine what... more
A basic income is typically defined as an individual’s entitlement to receive a regular payment as a right, independent of other sources of income, employment or willingness to work, or living situation. In this article, we examine what it means for the state to institute a right to basic income. The normative literature on basic income has developed numerous arguments in support of basic income as an inextricable component of a just social order, but there exists little analysis about basic income within a jurisprudential or philosophical rights perspective. In our view, strong reasons of either a principled or a pragmatic nature in support of instituting a basic income scheme nevertheless often fall short of ascribing to basic income a distinctive Hohfeldian rights status. This article aims to partially redress this gap by examining two sets of questions. First, what are the implications – ethical and practical – of adopting basic income as a legal right as opposed to a mere polic...
Although basic income has surged in policy interest in recent years, political research has not kept up with the debate in the trenches. In this article, we tackle a political problem any enacting coalition must face: how to ensure the... more
Although basic income has surged in policy interest in recent years, political research has not kept up with the debate in the trenches. In this article, we tackle a political problem any enacting coalition must face: how to ensure the political stability of a basic income over time. We first demonstrate how basic income schemes are particularly vulnerable to processes of policy change discussed in the recent policy feedback literature. We then analyse whether constitutionalising basic income in a Bill of Rights protected by strong judicial review would offer a valuable route for boosting basic income’s stability. A careful examination of the decision-making process within judicial review suggests that, caught up in a dilemma between judicial restraint and judicial activism, an enacting coalition would do well not to rely on constitutional mechanisms as the sole avenue for ensuring the political stability of basic income.
This paper focuses on an emergency basic income (EBI) as a tool for avoiding financial insecurity during the time of pandemic. The authors argue that paying each resident a monthly cash amount for the duration of the crisis would serve to... more
This paper focuses on an emergency basic income (EBI) as a tool for avoiding financial insecurity during the time of pandemic. The authors argue that paying each resident a monthly cash amount for the duration of the crisis would serve to protect them from the economic fallout.They suggest three reasons why the EBI proposal is particularly well-suited to play an important role in a comprehensive public health response to COVID-19: it offers an immediate and agile response; it prioritizes the most vulnerable in the affected population; and it promotes a solidaristic response to the pandemic crisis. To go beyond the need to shut down and restart an EBI assistance scheme each time a pandemic hits, the authors propose considering turning the program into a permanent feature.