Protección Social

El presente artículo aborda el concepto de Trabajo Decente que, formulado por la Organización
Internacional del Trabajo(OIT) en 1999, ha estructurado los diagnósticos y propuestas de
intervención del organismo para construir una alternativa a la globalización financiera de cara al
siglo XXI. Los enfoques más usuales en el abordaje de esta categoría han procurado especificar
su sentido para traducirlo y aplicarlo a análisis empíricos de la dinámica de los mercados
laborales y los sistemas de protección social nacionales. Nuestro análisis enfoca al Trabajo
Decente como un concepto normativo y le da tratamiento como un modo particular de
problematización acerca del desarrollo en el siglo XXI, en el que la desigualdad y los problemas
de empleo cobran centralidad. En este sentido, argumentamos que el Trabajo Decente propone
una visión ideal sobre el tipo de formalidad laboral deseable y viable ante el cambio
tecnológico, presentado como una tendencia inevitable, aunque pasible de ser regulada. La
valoración económica, social y moral del trabajo promueve una preocupación por la protección
de su sujeto, entendido de manera abarcativa, lo que convive con la afirmación del imposible
retorno de las regulaciones bienestaristas y con nuevos sentidos asignados a la protección social
y a su relación con el empleo. En esta tensión, el Trabajo Decente cristaliza una mirada gradual
y secuencial sobre el proceso de regulación del trabajo y la protección de las clases trabajadoras,
percibidas como cada vez más heterogéneas.

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) ha sido una de las principales transformaciones estructurales del país. No sólo dio respuestas a una grave crisis en el sector sino que abrió un camino de cambios cuyos efectos positivos sobre la salud de la población son muy notorios. Diez años después, la situación es compleja. Uno de los aspectos más importantes a analizar es la gobernanza del sistema. En los últimos años no existió un ámbito amplio de debate y reflexión sobre avances y pendientes en el SNIS. Desde la mirada de muchos actores ha faltado claridad en las líneas prioritarias de avance y la hoja de ruta para su implementación. Ambos elementos son fundamentales para poder sumar fuerzas y enfrentar las campañas que buscan socavar al SNIS. Organismos importantes para el trabajo interinstitucional y la participación social como la Junta Nacional de Salud (JUNASA), las Juntas Departamentales de Salud (JUDESAS) y las Juntas Locales de Salud (JULOSAS) no tienen la incidencia necesaria en las políticas ni en campañas específicas que den respuestas a los problemas y construyan un nuevo modelo de atención que sustituya al viejo modelo basado en el lucro por otro que prevenga la enfermedad y promueva la salud. Iniciativas que significan pasos muy positivos como la definición de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN) mantienen bajo perfil ante la gente. Los actores sociales no fueron consultados en su elaboración y aprobación, y no han sido asociados públicamente a planes y acciones para alcanzarlos. Por otro lado a nivel de las organizaciones sociales de la salud, el panorama hasta 2017, era de dispersión, sin reflexiones ni propuestas conjuntas. Los avances del Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos en 2011 no se pudieron potenciar en este período. Al mismo tiempo la derecha lleva adelante campañas sistemáticas de ataque al SNIS en tres áreas sensibles: el acceso a la medicación de alto precio, el llamado " déficit del Fonasa " y la gestión de ASSE. Las implicancias de estas acciones con el lucro de determinados sectores empresariales de la salud es muy clara, hacen un uso demagógico del dolor de pacientes y familiares. Especial destaque merece el llamado " complejo médico industrial " que induce la demanda de medicamentos que no aportan mejores resultados a los ya existentes. Cambios positivos, los actores se mueven e interactúan En el 2017, se produjeron varios cambios en este escenario. En marzo, la FUS solicitó una reunión con el Ministro de Salud, en la que presentó un conjunto de propuestas y planteó la necesidad de convocar a un Diálogo Nacional sobre la reforma de la salud. Esta movida apuntaba a centrar la agenda en los temas de fondo mediante un ámbito participativo que reflexionara sobre los nudos críticos, abriera debates, buscara acuerdos y tuviera consecuencias en materia de líneas de acción para el SNIS. El MSP tuvo la claridad de ver este escenario, responder positivamente y generar las Jornadas de Diálogo, " A 10 años del SNIS ". Con muy escasa difusión mediática estas jornadas han sido fructíferas, el MSP presentó documentos sobre todos los temas y también la FUS en confluencia con la FFSP, los movimientos de usuarios y la ONAJPU. Otros dos procesos contribuyeron al cambio del escenario. Dos iniciativas del Instituto de Formación Sindical de FUS, el Curso de Profundización del SNIS y el Foro Debate sobre Modelo de Atención, dieron una amplitud mayor al Diálogo Social y abrieron la posibilidad de participar de estos debates en todo el país mediante videoconferencias y talleres de discusión local. Esta metodología permitió un intercambio enriquecedor. La participación de varios cientos de trabajadores y usuarios en estas jornadas fortaleció los vínculos entre las organizaciones sociales y su capacidad de propuesta. Por otro lado el PIT-CNT se involucró activamente en este proceso, superando cierta prescindencia anterior en los temas de salud.

RESUMEN El objetivo de este artículo es reconstruir el itinerario de las políticas de vejez en el nivel de gobierno subnacional-provincial y municipal-para el caso de la ciudad de Santa Fe. Nos detenemos especialmente en las políticas orientadas al bienestar social de las personas mayores durante su devenir reciente (años 2007-2016). Logra-mos dicha reconstrucción a partir de la recolección de fuentes de información secun-daria y la realización de entrevistas semiestructuradas a informantes clave. Se tra-ta de un trabajo exploratorio, de corte empírico, que intenta contribuir a la discusión académica y de la gestión de las políticas públicas a partir del análisis de un caso concreto, teniendo presente que la investigación sobre la producción del bienestar social en el nivel de gobierno subnacional constituye un área de vacancia relativa. Palabras clave: políticas de vejez-bienestar social-gobierno subnacional ABSTRACT The aim of this article is to reconstruct the itinerary of the old-age policies at the subnational government level-provincial and municipal-for the case of the city of Santa Fe. We focus especially on the policies oriented to the social welfare of the elderly during its recent evolution (years 2007-2016). We achieved this reconstruction based on the collection of sources of secondary information and semi-struc-tured interviews. It is an exploratory, empirical work, that tries to contribute to the academic discussion and the management of public policies based on the analysis of a specific case, bearing in mind that research on the production of social welfare in the subnational government level constitutes a relative vacancy area.

Esta tesis doctoral analiza la situación de jóvenes migrantes en transición en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los jóvenes migrantes en transición son aquellas personas menores migrantes acogidas en los centros de protección de la Comunidad Andaluza con edades comprendidas entre los 16 y 18, delimitadas en un extremo por el inicio de la edad laboral y en otro por el cumplimiento de la mayoría de edad, momento caracterizado por la emancipación, autonomía y salida del sistema de protección. Los pilares sobre los cuales se articula esta investigación son: conocer la estructura normativa-política y sociodemográfica del fenómeno migratorio de menores migrantes y jóvenes extutelados; identificar quiénes son los jóvenes migrantes en transición; conocer las características del proceso de transición a la mayoría de edad y la salida del sistema de protección; e identificar la situación de vulnerabilidad y procesos de exclusión social presentes en el acceso a la mayoría de edad, así como las consecuencias y los efectos de esta situación en las personas jóvenes migrantes extuteladas.
La metodología que se ha llevado a cabo con el propósito de alcanzar los fines de la investigación combina los elementos cuantitativos y cualitativos. Las técnicas de producción de datos han sido el análisis estadístico, la entrevista en profundidad, la observación participante y las historias de vida.

Este estudio aporta evidencia sobre el uso de estrategias digitales en la mejora de las capacidades de las mujeres de tres comunidades vulnerables del Paraguay, participantes del programa de protección social Abrazo, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Evalúa cuatro soluciones digitales orientadas al empoderamiento económico, la protección de las mujeres ante la violencia de género, y conductas de prevención ante el nuevo coronavirus. Identifica las necesidades, barreras y oportunidades en materia de generación de ingresos; así como en referencia a la ruta de atención y respuesta frente a la violencia de género contra las mujeres. Con base en los hallazgos, señala propuestas y recomendaciones de políticas públicas basadas en las perspectivas de las mujeres, en los temas señalados.

This study provides evidence on the use of digital strategies to improve the capacities of women in three vulnerable communities in Paraguay, participants of the social protection program Abrazo, in the context of the COVID-19 pandemic. It evaluates four digital solutions aimed at economic empowerment, protection of women against gender violence, and prevention behaviors against the new coronavirus. Needs, barriers and opportunities in terms of income generation are also identified; as well as in reference to the route of attention and response to gender violence against women. Based on the findings, it indicates proposals and recommendations for public policies based on the perspectives of women, on the issues indicated.

*Esta investigación ha sido posible gracias al trabajo colaborativo del equipo del proyecto conformado por:  Adriana Insaurralde, directora del proyecto e investigadora especialista en empoderamiento económico; José Manuel Gómez, investigador especialista en empoderamiento económico;  José Britos Rivas, investigador tutor; María Molinas Cabrera, investigadora tesista y especialista en género; Norma Ubaldi Garcete, investigadora especialista en género; Elena Cubilla, investigadora especialista en educación y soluciones digitales; Laura Morínigo, coordinadora general del trabajo de campo; Andrés Rojas, asistente de investigación. Colaboraciones especiales:  Mauricio Romero (investigador y consultor en estrategias digitales);  Victor Ortíz (técnico); Liza Fleitas (técnica del trabajo de campo); Tania Insfrán (técnica) y Mirna González Vera (encuestadora). Fundación Capital, 2021 www.fundacioncapital.org.

*Esta publicación se realizó en el marco del Proyecto PINV20-273 cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con recursos del FEEI.

La protección social es una de las dimensiones claves para la agenda de Trabajo Decente que promueve la OIT. El objetivo de ampliar y fortalecer los regímenes de protección social de los trabajadores fue adoptado por los países de la región a través de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015 donde se establece una meta de incremento de la cobertura del 20% en los próximos 10 años. De esta manera, el colectivo de trabajadores independientes se convierte en un grupo particularmente relevante para la formulación e implementación de políticas públicas debido a su histórica importancia y baja cobertura en el contexto de América Latina. En los países de menor ingreso en la región, uno de cada tres trabajadores es independiente, mientras que los países de ingreso medio, uno de cada cuatro califica en dicha categoría. Este libro releva la experiencia en materia de protección social, particularmente en lo relativo al sistema de jubilaciones y pensiones, de seis países en la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay.

El presente trabajo presenta una reflexión sobre los Sistemas de Protección Social. La idea central es que la evolución reciente de tales sistemas es afectada por los procesos de financiarización, en la medida en que la lógica financiera entra a determinar su desarrollo. De un lado, porque los intermediarios financieros privados juegan un rol cada vez más creciente en la seguridad social, a través del manejo de las pensiones y de los seguros obligatorios de salud. Y del otro, porque la focalización del gasto público en los pobres busca hacer disminuciones en el gasto social, en aras de permitir los ajustes macrofinancieros.

En esta evaluación, el término de protección social toma como punto focal la protección de la seguridad económica de las personas y sus hogares ante eventos de la vida, como son el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la muerte y la vejez. También considera las limitaciones que ciertos hogares tienen para obtener un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. Este enfoque prevé que la protección debe incluir, asimismo, aspectos de prevención y mitigación, con objeto de reducir la probabilidad y severidad de estos eventos, así como la vulnerabilidad de las personas cuando ocurren

En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región.
A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.

En estas Páginas Selectas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se presenta una gran variedad de aportes en materia de protección social universal, provenientes tanto de documentos institucionales de la CEPAL como de publicaciones de diferentes autores vinculados a esta institución. Se trata de textos que han sido ampliamente utilizados a lo largo de los años con diversos fines, por ejemplo para realizar diagnósticos nacionales y regionales, sensibilizar a los Gobiernos acerca de la importancia de las políticas y programas de protección social encaminados a la igualdad y al desarrollo sostenible, prestar asistencia técnica sobre el diseño, implementación, reforma y evaluación de políticas y programas de protección social, y elaborar cursos de capacitación y talleres para funcionarios públicos.

El propósito del presente trabajo es realizar un aporte que permita profundizar la mirada en la situación actual y la evolución reciente de los jóvenes en el mercado de trabajo e identificar las principales intervenciones que buscan dar respuesta a los problemas y desafíos de este importante grupo etario. La publicación indaga sobre las debilidades del nexo de los jóvenes con el mercado de trabajo e identifica las principales respuestas de política detectando los espacios plausibles de adecuación e integración de las mismas para su futuro desarrollo. Se reconoce que existe una amplia cantidad de problemas que exceden los temas relacionados directamente con el empleo y afectan de forma significativa la situación de los jóvenes en cuanto a su vulnerabilidad y posibilidades de inclusión social. Similarmente, se reconocen las diferencias por género, diversidad cultural y social.

A partir de la Declaración Universal, se ha venido construyendo un sistema normativo, institucional, político y cultural en torno a la protección de los derechos humanos, al que se hace necesario responder proactivamente, disertando sobre la fundamentación de tales derechos y, en particular, sobre la pertinencia y vigencia de los valores sobre los cuales se han construido. El objetivo general en esta investigación es analizar la vulneración sistemática de la dignidad del ser humano en el espacio público digital, proponiendo el surgimiento de una cuarta categoría de derechos humanos ante el violento avance de las tecnologías de la información y la comunicación en la llamada era de la infósfera. Se abordó, desde un enfoque cualitativo, la aplicación de un conjunto de técnicas aplicadas en redes sociales, páginas webs, blogs y plataformas, observando su vinculación con el respeto o transgresión de los derechos humanos.

En este documento se analizan los desafíos fundamentales de la migración internacional en la región, en especial para alcanzar sistemas de protección social universales que abarquen a todos los grupos de población, incluidas las personas migrantes. Para ello, se propone una mirada centrada en los riesgos, vulnerabilidades y necesidades más apremiantes de las personas migrantes en las distintas etapas del ciclo de la migración: en el país de origen, durante el tránsito hacia el lugar de destino, en el país de acogida y, eventualmente, en el retorno (voluntario o forzoso) al país de origen.

En América Latina y el Caribe se están implementando diversos programas sociales para superar la pobreza y reducir las desigualdades a lo largo del ciclo de vida, como los programas de transferencias condicionadas, los programas de inclusión laboral y productiva, y las pensiones sociales. En este libro se ofrece un análisis actualizado de estos programas y su relación con la inclusión laboral, y se abordan los debates en curso sobre sus posibles incentivos y desincentivos a la oferta laboral, formalización y trabajo infantil entre la población destinataria.

Este estudio analiza el desempeño reciente de los diversos componentes de la seguridad social contributiva y la ampliación de las políticas no contributivas, así como el objetivo de avanzar hacia una protección social universal en seguimiento a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y la Recomendación de la OIT núm. 202 sobre los pisos nacionales de protección social.

El informe documenta los importantes avances en cobertura de la protección social en años recientes, sin embargo, también muestra que persisten grandes brechas que requieren ser atendidas en forma imperiosa. La persistencia de brechas se explica por factores estructurales e históricos, así como por los nuevos desafíos creados por las nuevas formas de organización de la producción y el trabajo, las tendencias demográficas y climáticas.

En América Latina la lucha contra la pobreza, que hacia mediados de los años noventa se caracterizaba por la implementación de programas ad hoc, financiados con recursos de cooperación internacional o préstamos otorgados por los bancos de desarrollo, hoy día -al menos en la mayoría de los países- se inscribe en políticas públicas asentadas en la aprobación de leyes nacionales y financiadas mayoritaria o totalmente con recursos del presupuesto nacional.
Estas nuevas políticas se fundamentan en algunos elementos comunes. El primero es la realización de programas orientados a transformar y detener la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerable y, por esta vía, contribuir a consolidar la integración social y el acceso a una mejor calidad de vida.
Otro elemento novedoso es la introducción y la progresiva ampliación de esquemas no contributivos de pensiones, que otorgan la pensión a personas que no han aportado nunca o han realizado aportes parciales a algún sistema previsional.
La ampliación del acceso a los servicios de salud y educación constituye otro factor común a muchos países de América Latina.
El cuarto elemento está representado por la formalización de los trabajadores, con un aumento de la proporción de asalariados con contrato formal.
Además, es indudable que la protección social basada en un enfoque de derechos y con una lógica más universalista ha adquirido preeminencia en el discurso político y cómo horizonte ético y normativo en la gran mayoría de los países.
Sin la pretensión de agotar el debate, los artículos que se publican en este monográfico de la revista Ópera representan una contribución para profundizar el análisis sobre algunos de los temas antes mencionados.

El documento contiene una síntesis del proceso de expansión de la protección social que se produjo durante los 2000 en el Cono Sur de América Latina, relevando las diversas reformas, la forma de financiamiento y las coberturas resultantes. También realiza un análisis sintético del nuevo escenario macroeconómico, laboral y fiscal, particularmente el que surge a partir de 2011 al caer los precios de los commodities.

El documento pretenden ser una contribución para reflexionar junto a constituyentes y la comunidad de expertos sobre el margen actual de la protección social para dar respuesta a la desaceleración económica en los cinco países considerados, aunque también puede ser útil para otros países en la región.

En todas las épocas de la historia, de alguna manera el hombre ha tratado de explotar al hombre laboralmente, es decir hacer que otros trabajen para sí, por el mínimo de remuneración. Los empresarios, gerentes y directores de talento humano, tienen un gran reto empresarial:
Buscar, inducir y mantener en su equipo de trabajo a personas capacitadas para hacer el trabajo de sus organizaciones. Esto a través de brindar un ambiente que mejore su calidad de vida y procure su protección personal y familiar. Por eso las PYMES, nunca llegarán a ser grandes, si no hacen que su cultura empresarial sea tan humana como financiera.
El Estado colombiano no posee una normatividad que cumpla con los objetivos que le estamos pidiendo a las organizaciones. Y además de esto carga con impuestos a aquellas empresas que decidan por encima de esto ofrecer empleo a las personas.

Son muy variados y atinentes los aspectos tratados en el presente libro en torno a un tema central, maestro, como es el del ingreso visto desde lo tributario, la estructura de la propiedad, la medición de la desigualdad, la lucha de clases, el mercado de trabajo, el neomarxismo, el sector rural, el Plan de Desarrollo 2002-2006 y la crisis. Constituye un muy serio y profundo alegato contra la mitología neoliberal de tan desastrosas consecuencias en el ámbito de América Latina.

"La publicación  tiene por objeto abordar distintos aspectos de la protección social en Argentina mediante: i) un relevamiento comprensivo de las distintas áreas que la componen, y ii) la evaluación de diversos aspectos del gasto, el financiamiento, la cobertura y el desempeño. Esto constituye un ambicioso ejercicio que no pretende lograrse detalladamente debido a las inherentes complejidades técnicas y a la imposibilidad material de abarcar puntualmente cada aspecto de la protección social. Por ello, el propósito consiste primordialmente en brindar una mirada global de la protección social y de sus componentes, y en evaluar cuantitativamente las variables más relevantes durante los años recientes, con énfasis en el período 1994-2003. Como parte de este proceso se ha elaborado, adicionalmente, un inventario de los principales programas de protección social. Además, se ha compilado y elaborado un conjunto de estadísticas que permiten otorgar un “mapa” cuantitativo de la protección social y su evolución reciente."

ISBN 92-318391-X / 978-92-2-318391-2 (impreso)
ISBN 92-318392-8 / 978-92-2-318392-9 (versión web pdf)

La construcción de trayectorias virtuosas hacia la formalización y el trabajo decente de los jóvenes constituye uno de los desafíos de política pública más relevante para garantizar una inclusión laboral sostenible para todo el ciclo de vida de trabajo. Estas trayectorias dependen de factores tan variados como el desempeño escolar, la composición familiar, el género y la conciliación que la mayoría de los jóvenes deben realizar entre las tareas de cuidado, la formación, el trabajo y otras esferas de desarrollo personal. Este artículo realiza una revisión de los indicadores claves de empleo juvenil en Argentina, con especial énfasis en las barreras que enfrentan los adolescentes y jóvenes para transitar hacia la formalización laboral, el papel que juegan las instituciones laborales y las políticas de protección social, como también los nuevos desafíos que emergen con los requerimientos de nuevas habilidades digitales y socioemocionales frente a la evolución de las tecnologías y cambiantes formas de organización de la producción y el trabajo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El documento caracteriza y evalúa el desempeño reciente de la protección social en Argentina, tomando en consideración los lineamientos establecidos por las Normas Internaciones del
Trabajo correspondientes a la seguridad social, más precisamente el Convenio núm. 102 (norma mínima) y la Recomendación num. 202 relativa a los pisos nacionales de protección social. Esta última norma establece como referencia para avanzar en la extensión de la protección social el cumplimiento de cuatro garantías básicas que corresponden al acceso a la salud y la seguridad económica en las tres etapas del ciclo de vida (niñez y adolescencia, población en edad de trabajar y adultos mayores). Adicionalmente al análisis de las políticas vinculadas con estas garantías, el estudio también aborda aspectos vinculados con la matriz de financiamiento contributiva y no contributiva de la protección social, e identifica las áreas críticas en las que se presentan restricciones y oportunidades para mejorar el desempeño en el corto y mediano plazo. Asimismo, se especifican y discuten aspectos institucionales de diseño y organización de la provisión de protección social, incluyendo una perspectiva sistémica, para dar cumplimiento de las garantías establecidas en la Recomendación núm. 202 que requerirían una revisión durante próximas reformas. Esto permitiría mejorar la efectividad y el impacto distributivo de las acciones.

Luego de esta breve introducción,  el documento se organiza de la siguiente manera.  En el segundo apartado se analizan los estadios de tránsito hacia el trabajo decente de los jóvenes. En el tercero se estudian las principales barreras que se les presentan en dicha transición, y se examinan por separado la situación de los adolescentes (16 y 17 años), más ligada con la finalización de la educación obligatoria y la participación en empleos precarios, y la de los jóvenes de entre 18 y 24 años, para quienes los déficits en formación, participación laboral y acceso a un trabajo decente adquieren relevancia. En la cuarta sección se analizan las acciones que deberían incluirse una estrategia integral para abordar la problemática de los jóvenes a partir de la Resolución adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2005 y el debate de la CIT 2012. En la quinta sección se examina el rol de las garantías de ingresos y otras prestaciones de la protección social, a partir de la estrategia implementada en los últimos años en la Argentina a partir de tres políticas públicas de alta cobertura para adolescentes y jóvenes. Estas políticas públicas son la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Programa de Respaldo de Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) y las acciones para la mejora de la empleabilidad (servicios para el empleo) implementadas desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). En el sexto apartado, se presentan algunas reflexiones sobre el rol de las instituciones laborales en la inserción laboral de los jóvenes. Finalmente, a modo de conclusiones, la séptima sección contiene una síntesis y un conjunto de reflexiones finales.

Actualmente, no existe una única definición institucional y aplicable a todo el territorio sobre el hogar o la familia monoparental en España. A nivel autonómico, la situación es heterogénea, dado que en la mayoría de las CCAA no existe una legislación. En España hay 18.535.900 hogares y los monoparentales ya representan el 10,1% del total. El 81,9% están encabezados por mujeres. El 43% de las mujeres con estos hogares  están desempleadas, mientras que un 17% tienen algún tipo de ocupación, pero sin contrato. Experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de hogar, el 42,9% en 2018. El 74,9% llegan a fin de mes con algún grado de dificultad y uno de cada dos hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE), casi el doble del valor para el total de los hogares de España (26,1%). Los sistemas de rentas mínimas, gestionadas desde las CCAA, constituyen un conjunto heterogéneo que establece distintas intensidades de cobertura y de protección ante la pobreza y la exclusión. El perfil de la persona perceptora de rentas mínimas autonómicas es el de una mujer española, de entre 35 y 44 años, con hijos/as a cargo y bajo nivel de estudios. El 60,17% son mujeres, mayoritarias en casi todos los tipos de hogar.  Por tipo de hogar, los monoparentales reciben el 16,9% de las rentas mínimas autonómicas y en un  90,4% están encabezados por mujeres. El estudio cualitativo analiza la información de 50 mujeres con hogares monoparentales perceptoras de rentas mínimas. El 84% señala problemas laborales, el 71% económicos, el 61% de vivienda y el  35% de salud. Las rentas les permiten sobrevivir, pero sólo un cuarto de estas mujeres considera que les facilitan un nivel de vida digno. Este estudio finaliza con nueve propuestas para avanzar en los derechos de estas mujeres y sus familias.

Currently, there is no single institutional definition applicable to single-parent families in Spain. At the regional level, the situation is heterogeneous, given that in most Autonomous Communities there is no legislation. In Spain, there are 18,535,900 households and single parents households already represent 10.1% of the total. 81.9% are headed by women. 43% of women with these households are unemployed, while 17% have some type of occupation, but without a contract. They experience the highest relative poverty risk rates by type of household, 42.9% in 2018. 74.9% arrive at the end of the month with some degree of difficulty and one in two single-parent households is at risk of poverty and exclusion (AROPE), a value which is almost double than the total of households (26.1%). The minimum income systems, managed by the Autonomous Communities, constitute a heterogeneous group of social benefits with different intensities of coverage and protection against poverty and exclusion. The profile of the person receiving regional minimum income is that of a Spanish woman, between 35 and 44 years old, with dependent children and low level of education. 60.17% are women, the majority in almost all types of homes. By type of household, single parents receive 16.9% of the minimum regional income and 90.4% are headed by women. This qualitative study analyzes the information of 50 women with single-parent households receiving minimum incomes. 84% report labour problems, 71% economic, 61% housing and 35% health. The minimum income allows them to survive, but only a quarter of these women consider that they facilitate a decent standard of living. The study ends with nine proposals to advance in the rights of these women and their families.

El documento analiza qué se hizo en materia de protección al desempleo en la Argentina desde las experiencias pioneras en los noventa hasta 2007. Para ello, previamente, se detectan los principales problemas del mercado laboral que demandan la acción pública de protección. Luego se describe la estructura interna de las políticas y programas que se aplicaron en distintos momentos del tiempo, se releva información de los principales programas aplicados y se identifican las fortalezas y debilidades de estas acciones. En el marco de una tipología que conjuga las acciones en materia de políticas del mercado de trabajo y las políticas de protección social, se describen los principales programas: el Seguro por Desempleo, el Programa Joven, el Programa Trabajar, el Programa Proempleo y el Programa Jefes de Hogar (PJH). Finalmente se evaluan algunas consideraciones institucionales.

Desde 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha puesto el tema de la igualdad en el centro del debate regional y ha promovido el papel de la protección social como política pública clave para el desarrollo inclusivo y sostenible en la región. Este artículo aborda el marco conceptual de la matriz de desigualdad social y analiza las tendencias regionales de las múltiples dimensiones de la desigualdad, así como las propuestas en materia de protección y política social elaboradas por la cepal en el periodo reciente. Si bien los países de la región han tenido algunos avances en cuanto a reducción de la desigualdad del ingreso, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo y es acompañada por desigualdades en otras dimensiones, como las de género, edad, territorio, raza y etnia, estatus migratorio, condición de discapacidad, entre otras. Para enfrentar tales desigualdades y superar la pobreza desde un enfoque de derechos, la CEPAL propone establecer sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social. La protección social universal es necesaria para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible “sin dejar a nadie atrás”, y representa una respuesta clave a la pandemia de Covid-19, la cual es necesaria para reconstruir con igualdad y sostenibilidad.

Este informe analiza las políticas municipales de protección social básica en Madrid capital entre 2003 y 2015. Evalúa las políticas en materia de renta mínima y prestaciones económicas, suficiencia alimentaria y pobreza energética, cobertura a personas sin hogar, acceso de emergencia a vivienda y asistencia social de urgencia, y atención a adicciones.

El propósito de esta caja de herramientas es facilitar el diagnóstico de las múltiples dimensiones de la desigualdad social presentes en América Latina y el Caribe, y proporcionar información relevante acerca de políticas sociales implementadas en diversos países de la región que han logrado reducir dicha desigualdad. Asimismo, se da a conocer normativa internacional clave que, desde un enfoque de derechos, contribuye a la formulación e implementación de políticas sociales reductoras de las desigualdades. A partir del diagnóstico realizado, se desprenden desafíos que deben ser enfrentados por medio de las políticas sociales y que dicen relación con la posibilidad de avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los grupos poblacionales más rezagados. El conjunto de experiencias identificadas representa una base para explorar y expandir el marco de posibilidades de respuesta a la desigualdad.

El objetivo de este documento es analizar si los ejecutivos a cargo de Mauricio Funes en El Salvador (2009-2014), Manuel Zelaya en Honduras (2006-2009) y Álvaro Colom en Guatemala (2008-2012), identificados como de una ideología de izquierda y que virtualmente coincidieron en sus períodos presidenciales en el tiempo, ampliaron la cobertura de la protección social no contributiva, específicamente los programas de transferencias condicionadas.

Resumen: El artículo se ocupa de las transformaciones experimentadas por las llamadas intervenciones sociales del estado durante la primera década " larga " del siglo XXI (2002-2013). Se analizan las políticas laborales, dos componentes del sistema de seguridad social (sistema previsional, asignaciones familiares con la asignación universal por hijo) y el sistema educativo. El artículo argumenta que las mejoras en el mercado de trabajo, así como reformas progresistas en las políticas sociales, mejoraron las condiciones de protección de amplios sectores. Se analizan algunos de los límites para mantener esas mejoras: una institucionalización insuficiente, falta de garantías para el acceso y resistencias político-culturales (especialmente de los sectores medios) para seguir aceptando políticas de corte redistributivo con enfoque de derechos como las desarrolladas hasta aquí. Abstract: The article focuses on the reforms developed on the so-called " state social interventions " in Argentina during the " long first decade " of the 21st century (2002-2013). Labour policies, two policies of the Social Security System (pension system and family allowances for children, called Asignación Universal por Hijo) and educational policies are all analysed. The article states that changes in labour policies as well as in labour market and progressive social policies have improved social protection for broad sectors of the population. Restrictions for some of these improvements are also analysed: scarce institutionalization, not guaranteed benefits and political and cultural opposition against " rights approach " redistributive policies mainly by middle-class groups.

La idea del buen vivir nace del pensamiento indígena andino, pero debe entenderse como un concepto o quizá una “idea movilizadora”, en construcción. Este planteamiento toma fuerza al incluirse en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Se plantea desde una crítica a la sociedad capitalista y propone alternativas desde la armonía entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. En la Constitución ecuatoriana de 2008 se concentra como fin último de la política pública, donde se establece el régimen del buen vivir, para la garantía de derechos, incluyendo los de la naturaleza, y protección integral a lo largo del ciclo de vida. En este sentido plantea la garantía de máximos de “buen vivir” colectivos, como alternativa a regímenes de bienestar desde una mirada individual. En este artículo se discute la necesidad de generar nuevos marcos conceptuales para entender el régimen del buen vivir, y sobre sus diferencias con regímenes de bienestar tradicionales. Además, como uno de los componentes se plantea la consolidación de sistemas de protección social y de estrategias de erradicación de la pobreza. Finalmente, se discuten algunos logros y retos del caso ecuatoriano.