Tutela Judicial Efectiva

RESUMEN
Este trabajo analiza la sentencia No. 133-17-SEP-CC dentro de una acción extraordinaria
de protección que conoció la Corte Constitucional ecuatoriana sobre
la vulneración de los derechos fundamentales de una persona transexual masculina, por parte de la Dirección Nacional del Registro Civil al impedir su cambio de sexo de femenino a masculino en su inscripción de nacimiento. Para ello se divide el examen a partir de los tres problemas jurídicos que la Corte determina, relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva, el deber de motivación de las sentencias y el derecho a la identidad personal. Además, se propone en este trabajo que el derecho a la libertad se lo lea a la luz de la tradición republicana, esto es, como no dominación, que ayudaría a abordar casos como el presente desde una visión más amplia y crítica sobre el papel del Estado en el respeto de los derechos fundamentales.

ABSTRACT
This paper analyzes the sentence No. 133-17-SEP-CC that the Ecuadorian Constitutional Court knew about the violation of the fundamental rights of a male transsexual person, by the National Direction of the Civil Registry, because this institution prevented his gender change from female to male in his birth registration. The analyzes is divided based on the three legal problems that the Court determines, related to the right to effective judicial protection, the duty to motivate judgments and the right to personal identity. In addition, this paper proposes that the right to freedom be read from the republican tradition, that is, as non-domination, which would help to address cases such as the present from a broader and critical view on the role of the State in the respect of fundamental rights.

El recurso de casación contencioso-administrativo regulado en la Ley Orgánica 7/2015 supone un cambio cualitativo del régimen jurídico inicial contemplado en la LJCA 98. Frente al criterio de admisión de la cuantía se opta por el del interés casacional de cada asunto con lo que el tribunal de casación se abre a asuntos trascendentes en un sentido más amplio más allá del criterio meramente cuantitativo. Además de la objetivación del recurso, mediante la profundización en su función nomofiláctica, el recurso también da satisfacción a los intereses legítimos en debate (ius litigatoris). Sin embargo, solo será posible si previamente el Tribunal ha considerado que el asunto tiene interés casacional objetivo. Desde la perspectiva de la articulación de los diferentes trámites el legislador ha desaprovechado una buena oportunidad para favorecer la eficiencia en el funcionamiento del recurso y, en general, el derecho a una buena administración de justicia. El autor propone reformas para una mejor garantía y protección de los derechos referidos al proceso.

El presente trabajo académico combina un estudio teórico-jurídico, normativo, práctico y científico del Procedimiento para Delitos Menos Graves en Guatemala. Desarrolla sus antecedentes históricos,  los principios en los que se fundamenta y las instituciones procesales que le conforman. Plantea también la problemática con respecto a su débil regulación, toda vez que se encuentra contenido en un solo artículo cuyas lagunas legales  suele entorpecer el proceso; a lo cual se plantea una solución por medio de una capacitación con enfoque filosófico, axiológico, epistemológico y lógico del juez de paz con competencia ampliada, para enriquecer sus capacidades cognitivas al momento de integrar principios, normativa nacional, internacional y jurisprudencia. Así como una propuesta de anteproyecto de reforma a lay que desnuda la realidad en cuanto a las necesidades de fortalecer la tecnología, infraestructura, capital humano, judicaturas pluripersonales con jornadas de trabajo dignas y presencia de las demás instituciones públicas que intervienen. Como un plus, permite reflexionar sobre la figura del sindicado dentro de este tipo de procesos y el daño que se produce en su proyecto de vida.
El trabajo de campo se llevó a cabo tomando en cuenta las estadísticas de los dos únicos juzgados que cumplían con el requisito temporal de existencia mínima de cinco años.

formulario, machote, escrito para solicitar amparo indirecto  personas  privadas de la libertad y no han sido juzgadas violaicon a derechos fundamentales y humanos relaciona con tratados internacionales y se presentaran una SEGUNDA parte por la que también se presenta una ampliación a la demanda

Penúltima versión (septiembre 2021).
Texto final: Cofré, Leonardo. 2022. El derecho a la asistencia jurídica en la nueva constitución. Aportes para el debate constituyente. En Ezurmendia, Jesús (ed.). Principios de Justicia Civil. Barcelona, J.M. Bosch Editor, pp. 421-448.

El presente capítulo explica el Juicio Contencioso Administrativo en materia federal en México, haciendo un recorrido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la doctrina, la jurisprudencia y algunas lecciones a partir de la praxis en dicha materia.

Esta investigación pretende determinar si el accionar de la Función Legislativa ecuatoriana, en momentos de gran conmoción social y en medio de fuertes disputas de índole socio-política, puede llegar a poner en tensión la obligación del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos. Para ello se estudiará el caso del cese del mandato del expresidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, ocurrido en 1997, y la posible vulneración de sus derechos, en específico, el del principio de legalidad y el derecho a un debido proceso legal, garantizado por la Constitución de la República de ese entonces y por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
El objetivo de que un derecho esté garantizado es que se pretende prevenir potenciales violaciones a los derechos y reparar aquellas que ya han ocurrido. Siendo el Legislativo el encargado de interpretar la Constitución, es contradictorio que, debido a la coyuntura y confrontación socio-política en que se encontraba el país, haya sido en el espacio de la Función Legislativa en donde se pudo haber vulnerado los derechos de Bucaram Ortiz, como así él lo sostiene.
Al respecto, la investigación da pie para que no solo se aborde el manejo técnico-jurídico del caso, sino también para hacer un análisis crítico de las circunstancias socio-políticas que permiten no solo que el régimen democrático se debilite y se trastoque el orden constitucional, sino que además estas rupturas se conviertan en oportunidades políticas en donde diversos actores sociales ejercitan su lucha por el poder, como en efecto ocurrió no solo en el caso investigado sino también durante los posteriores ceses de mandato de los expresidentes Jamil Mahuad Witt (año 2000) y Lucio Gutiérrez Borbúa (año 2005). Para el efecto, este trabajo se sustentará, en lo fundamental, en el manejo de fuentes secundarias de carácter bibliográfico tanto de artículos de índole académico como del marco normativo relacionado con el caso de estudio. Como un soporte adicional, se recurre a material periodístico que hace alusión al objeto de estudio.

RESUMEN El trabajo plantea que la institucionalidad vigente en materia de justicia admi-nistrativa no resuelve adecuadamente las controversias con la Administración pública garantizando los derechos de las personas, lo que ocasiona un trato discriminatorio en el acceso a la justicia y afecta el correcto funcionamiento del Estado de derecho. No existe un mecanismo general que conozca de los litigios en los que es parte la Administración pública o se debatan materias reguladas por el derecho administrativo; en su lugar, han proliferado tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales limitadas, justificadas en razo-nes de especialidad. En consecuencia, aún es necesario sentar las bases para un sistema de justicia administrativa que garantice un control jurisdiccional de la Administración pleno e igualitario. Palabras clave: justicia administrativa, derecho a tutela jurisdiccional efec-tiva, tribunales especiales, tribunales administrativos, control judicial de la Administración.

La concepción del derecho de acción como la posibilidad de acceder a través de una demanda al sistema de justicia , se ha visto desbordada por las necesidades de los justiciables, las que en miras a una igualdad real y efectiva en el proceso, requieren un contenido tan amplio como sea necesario para permitir que las personas puedan hacer valer sus derechos plenamente ante el sistema de justicia.
La tutela judicial efectiva para lograr su plena vigencia debe vencer las barreras de la gran desigualdad que en nuestro país sufren millones de personas. Según el informe publicado por UNICEF con fecha 5 de agosto de 2020, la pobreza infantil llegaría en diciembre del 2020 a ocho millones de niños en situación de pobreza , y según los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)en el segundo semestre de 2019 el 25,9% de los hogares argentinosse encontrabanbajo la línea de pobreza, y el 35,5 % de la población se encontraba bajo la línea de pobreza  porcentajes que, se estima, serán superados en el 2020 como consecuencia del COVID - 19.
En una sociedad tan desigual, si no se pone especial atención a las condiciones de vulnerabilidad con las que llegan las personas al proceso, se termina replicando la desigualdad puertas adentro del sistema judicial. La vulnerabilidad aparece así como un concepto relevante en relación a las garantías y efectividad de los derechos, pondremos entonces el eje de análisis en la recepción jurisprudencial de esta perspectiva para, desde allí, releer el contenido del principio de tutela judicial efectiva.

Sumario: INTRODUCCIÓN. I.-Antecedentes del derecho a la Tutela Judicial Efectiva. II. Evolución del concepto de tutela judicial efectiva en el Concejo de Estado en sentencias de acciones de Reparación Directa. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.

Autores: Amalia Tapias, Daniela Orduz, Slendy Mora.

Por medio de este articulo lo que propongo es invitarlos a la reflexión y análisis crítico sobre el instituto denominado, en su origen latín “non reformatio in peius” (no reformar en perjuicio) la cual como es sabido por actúa como una limitación para la competencia del órgano de alzada, lo cual se conjuga como un óbice para aquellos casos en que la contraparte no apele -ni se adhiera a la apelación- y esta ultima sea una persona humana considerada vulnerable.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un nuevo pronunciamiento en la causa Verbitsky.  El decisorio, al que referiré como Verbitsky II,  se expide sobre algunos temas relevantes que he de destacar y analizar aquí. Estos puntos son: la efectividad de la tutela judicial de las personas privadas de su libertad, la noción de eficacia procesal y la eficiencia del proceso en general y del habeas corpus en particular.
La riqueza del caso me permite apoyarme en él para ejemplificar algunas particularidades de los litigios que, planteados en clave de Interés Público, persiguen la reforma de un estado de cosas estructural que se considera inconstitucional o lesivo de derechos reconocidos en convenciones internacionales de igual jerarquía.

En este capítulo, analizaré la estructura y contenido de los derechos a la tutela judicial y a la defensa jurídica. Lo haré desde una perspectiva constitucional, lo que implica que me concentraré en la lectura de los primeros cuatro incisos del artículo 19 Nº 3, así como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y lo señalado por la doctrina nacional. Por lo tanto, las referencias al derecho internacional de los derechos humanos serán escasas. Asimismo, solo trataré de modo general la legislación que se encarga de llenar de contenido a estos derechos. En primer lugar, estudiaré el derecho a la tutela judicial. Intentaré presentar una interpretación propia de este derecho, apoyada por supuesto en doctrina y jurisprudencia previa, revisando ciertos problemas que se han presentado en la aplicación de este derecho: su denominación (2.1), su existencia o reconocimiento (2.2) y su relación con el debido proceso (2.3). Posteriormente, estudiaré los elementos que a mi juicio constituyen el núcleo de este derecho fundamental (2.4). Finalmente, señalaré algunos aspectos generales respecto de la tutela judicial en contra de los actos de la Administración del Estado (2.5), y presentaré algunos casos recientes en la jurisprudencia constitucional: la mediación previa y obligatoria (2.6.1), el solve et repete (2.6.2) y el discutido derecho a la acción penal del ofendido (2.6.3). En segundo lugar, me referiré al derecho a la defensa y su garantía, la asistencia jurídica. Sobre la defensa jurídica, explicaré su conceptualización y ámbito de aplicación (3.1), su contenido (3.2) y límites (3.3). Explicaré asimismo el caso especial de la defensa jurídica de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (3.4). Finalmente, analizaré la garantía de asistencia jurídica, en cuanto a su definición y titularidad (3.5.1), contenido (3.5.2), ámbito de aplicación (3.5.3), y el modo en que se concretiza a través de mecanismos de ayuda legal (3.5.4).

El caso "Funicelli" 1 fue tratado por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en el mes de diciembre de 2018, con motivo de los recursos de casación que interpusieron tanto la Fiscalía como la parte querellante. Ambas partes, se alzaron contra la resolución de la Cámara Criminal y Correccional que había confirmado la prescripción de la acción penal decretada por el juez de la primera instancia. En la causa se había investigado a Daniel Funicelli por el delito de abuso sexual, agravado por haber mediado acceso carnal, por revestir el autor el carácter de encargado de la guarda de la víctima y por tratarse de hechos cometidos contra un menor de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119, párrafos 2 y 3, incisos b y f del Código Penal). Se determinó que los hechos habían ocurrido entre 1991 y 1992, mientras que Funicelli fue citado a prestar declaración indagatoria en enero de 2016. Se tomó la citación a indagatoria como primer acto interruptivo de la prescripción, pero pese a haberse efectuado el cómputo acudiendo al plazo máximo de 12 años que prevé el Código Penal, el tribunal de primera instancia consideró que la acción se había extinguido por el paso del tiempo. En efecto, pese a las modificaciones introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 en lo atinente al régimen de la prescripción, el juez de 1era. Instancia señaló que se trataba de normas dictadas con posterioridad a la fecha de los hechos-las leyes fueron sancionadas en 2011 y 2015-, y por ende consideró que no podían ser aplicadas al caso, por imperio de la garantía derivada del principio de legalidad, que prohíbe la aplicación retroactiva de leyes que resulten más gravosas para la situación del imputado. Para eso consideró, además, que pese a su gravedad, los hechos no configuraban un caso de Lesa Humanidad, ni podían ser considerados como graves violaciones a los derechos humanos, motivo por el cual no podía entenderse que los mismos fuesen imprescriptibles o que estuviesen exentos de las aplicación regular de los demás institutos legales, en especial, de las reglas atinentes a la prescripción de las acciones. De ahí en más, las críticas de la Fiscalía y la querella apuntan contra la preeminencia que se le otorgó, precisamente, al principio de legalidad y a la garantía de irretroactividad de la ley penal más gravosa colocando, por un lado, el mecanismo por el cual el Estado limita su poder punitivo y, a la vez, hace efectivo el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable y, por el otro lado, el derecho a la jurisdicción y al conocimiento de la verdad, enmarcados en la garantía de tutela judicial efectiva. Sumado a ello, y dado que los hechos del caso habían damnificado a menores de edad, se hizo especial foco en la calidad de la tutela judicial que debía garantizarse a la 1 Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccionalm Reg. 1643/2018, Rta. 18/12/2018

La seguridad como precepto de derechos humanos
Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano
Derecho humano ambiental en México: un recuento histórico-teórico y retos actuales
El derecho de acceso a la justicia constitucional y reconducción procesal de las acciones de defensa en Bolivia. Naturaleza y desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional

Tomando como punto de partida la idea de que el Derecho es uno de los mecanismos que se han dado los hombres entre sí para resolver sus conflictos, podemos concebirlo como:

1. Un instrumento que busca lograr que el ser humano se comporte de una forma determinada (bajo la amenaza de un sufrir un castigo) y así conseguir que no atente contra los valores que consideramos importantes para nuestra sociedad (por ejemplo el derecho penal), o 

2. Un escenario en el que las partes buscan -a través del Proceso Judicial- resolver sus conflictos de forma no violenta y específica, es decir sin recurrir a la coacción (como por ejemplo el derecho civil)

Se podría decir que Proceso Judicial entendido como un mecanismo de resolución de conflictos y no sólo como un mecanismo de castigo por la vulneración de ciertos valores, no sea el más adecuado para cierto tipo de conflictos (permitido vs. permitido, alto coste emocional, etc.)

Esta visión del Derecho es la que lo ha “motivado” para salir a buscar otros mecanismos (distintos al Proceso Judicial) para cumplir con esa función de resolución de conflictos de forma más eficaz y eficiente.
Búsqueda que culmina -al menos de momento- con la incorporación de “La Mediación” a través de normas específicas que regulan su aplicación.

Y así nacen las distintas cuestiones trascendentes que he investigado en el libro: ¿En qué difieren los sistemas de derecho, en términos de proceso judicial como forma de resolución de conflictos? ¿Qué conflictos son mediables? ¿Qué propuesta puedes ser consideradas modelo de mediación? ¿En qué se diferencian esos modelos de mediación? ¿En relación con nuestro sistema de Derecho hay algún modelo que sea el más adecuado? ¿Por qué un modelo de mediación se adaptaría mejor a nuestro sistema de derecho que otro? ¿Ha seguido el legislador algún modelo de mediación concreto? ¿Cómo incide la Tutela Judicial Efectiva sobre la mediación de conflictos? ¿Cómo afectan los distintos derechos que emergen de la tutela judicial efectiva a la implementación de la mediación en la égida del Derecho?

Análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Losicer Jorge Alberto y otros c/ BCRA - resol. 169/05 (expte. 105666/86 - SUM FIN 708)", de fecha 26 de junio de 2012, donde el máximo tribunal argentino reitera y reafirma el concepto de plazo razonable en un proceso judicial devenido a partir de un procedimiento administrativo.

El texto propone revalorizar las enseñanzas del método romano de creación del derecho, basado en el entendimiento del ius como ars boni et aequi, lo cual pone en evidencia que el derecho posee una finalidad práctica y, en consecuencia, la tópica es el saber propio del derecho, en el que se destaca la centralidad del caso y la realización de la justicia en términos de lo que hoy llamaríamos «tutela efectiva de los derechos». Un entendimiento tal supone la comprensión del carácter dinámico del derecho, de su naturaleza artificial en cuanto creado por el ser humano y, por ende, perfectible, del rol activo del jurista en la construcción de un derecho más equo, que haga posible la realización de la igualdad ponderada en la preservación de los valores de razonabilidad que propone la buena fe, mediante la consideración de las exigencias del caso, en armonía con los principios que rigen el sistema, en una permanente reconstrucción del equilibrio entre tópica y sistema. En este repensar la aplicación del derecho atendiendo a su naturaleza, a la función esencial de servir a la convivencia y de hacer realidad los valores de un Estado social de Derecho, se analiza la experiencia de la jurisprudencia peruana en los «Plenos Casatorios» de la Corte Suprema de Justicia, examinando varios de sus fallos más emblemáticos, bajo la perspectiva de la tópica y, en general, del método romano de creación del derecho.

El presente artículo muestra los resultados de una investigación, que giró en torno a la figura  de  la  pérdida  de  competencia  consagrada  en  el  Código  General  del  Proceso,  su correlación con los principios de inmediación, celeridad, eficiencia y eficacia, y su afec-tación  al  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva. El  derecho  a  la tutela  judicial  efectiva,  es un derecho constitucional que está regulado en la Carta Política de 1991, y que consagra el derecho de todas las personas de acceder a la justicia. Esta  norma  se aplica en con-cordancia  con  el  artículo  29  constitucional  que  consagra  el  derecho  fundamental  al debido proceso. De lo anterior se extrae la temática de nuestra investigación, que con-siste  en  analizar  el  acceso  a  la  justicia  sin  dilaciones  injustificadas  a  la  luz  de  la  nueva normativa procedimental introducida por la Ley 1564 de 2012 por la cual se expidió el Código General del Proceso (en adelante CGP).

El 13 de enero de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la Sentencia No. 92-15-IN/21, en la cual declara inconstitucional el inciso final del artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos. Su inconstitucionalidad fue declarada por la vulneración al principio de gratuidad, debido a que, la ley prescribía como requisito para la tramitación de una causa la cancelación del 10% de la obligación impugnada, institución conocida como caución, lo que conllevaba un pago ineludible para el acceso a la justicia; dando como resultado la imposibilidad de acceder de forma gratuita a la justicia.

En abril de 2017, un tribunal federal, como órgano del sistema de control concentrado de constitucionalidad, ha emitido en Tabasco una sentencia sobre la determinación de la filiación de un menor derivada de un contrato de gestación por sustitución con un padre extranjero en un modelo familiar monoparental. En ese sentido, el discurso judicial materializa en forma expresa y tácita derechos fundamentales, que independientemente de la omisión de la indagación integral de la verdad biológica de quien aportó la carga gamética, implícitamente marcan pauta y herramienta al legislador y al ejecutivo local para el diseño de la política pública, en relación a la inmediatez del registro de nacimiento de un niño sin necesidad  de agotar instancias judiciales previas sobre la
preponderancia de la parentalidad biológica, y la implícita omisión de las presunciones del parto.

La casación constituye un mecanismo judicial extraordinario y excepcional, cuya finalidad es garantizar la corrección de los fallos judiciales en la administración de justicia ordinaria. En tal virtud, la admisibilidad de los recursos de casación debe pasar por los preceptos constitucionales del derecho al acceso a la justicia. La función de la Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia es verificar el cumplimiento de requisitos formales para admitir a trámite un recurso de casación. Evidentemente, aquel procedimiento judicial de verificación formal está sujeto al marco constitucional. Sin el correcto examen este recurso puede ser inadmitido, lo que constituiría una violación a la tutela judicial efectiva y el incumplimiento del deber del Estado de corregir el error judicial; es el tema que aborda el presente artículo.

Las violaciones de derechos humanos en América Latina representan un gran desafío para los poderes judiciales. En especial, los patrones estructurales de vulneraciones de derechos humanos respecto de ciertos grupos de la población (por ejemplo, mujeres, pueblos indígenas, migrantes o personas privadas de libertad), ponen a prueba la capacidad de la judicatura de dar respuestas efectivas para la garantía de derechos. A partir del análisis de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia en Chile y de la experiencia comparada, este libro busca caracterizar las violaciones estructurales a los derechos humanos y poner énfasis en aquellos aspectos críticos de la respuesta jurisdiccional, proponiendo criterios (a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), para el desarrollo de una tutela judicial efectiva. El libro es una invitación para repensar los mecanismos jurídicos de garantía de derechos, con el objetivo de desarrollar estrategias desde la academia, el litigio estratégico y la judicatura, para afrontar el urgente desafío de la discriminación estructural de derechos humanos en Latinoamérica.

Para la solución de conflictos, las normas e instituciones europeas han consolidado un marco regulatorio con una directiva de mediación, a pesar de que su aplicación nacional es heterogénea. Así, para unificar su uso como mecanismo eficaz e incorporar la cultura de la mediación, se ha promovido su obligatoriedad mitigada. Este artículo aborda la tensa discusión doctrinal que surge de allí y que enriquece la reflexión sobre la tutela judicial efectiva y la seguridad, la libertad y la justicia, contenidos esenciales de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho. Se abordan los criterios dogmáticos actuales, se analiza el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental y finalmente se aborda la jurisprudencia europea al respecto, en especial la solución del derecho italiano, que se considera ejemplar.

La casación constituye un mecanismo judicial extraordinario y excepcional, cuya finalidad es garantizar la corrección de los fallos judiciales en la administración de justicia ordinaria. En tal virtud, la admisibilidad de los recursos de casación debe pasar por los preceptos constitucionales del derecho al acceso a la justicia. La función de la Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia es verificar el cumplimiento de requisitos formales para admitir a trámite un recurso de casación. Evidentemente, aquel procedimiento judicial de verificación formal está sujeto al marco constitucional. Sin el correcto examen este recurso puede ser inadmitido, lo que constituiría una violación a la tutela judicial efectiva y el incumplimiento del deber del Estado de corregir el error judicial; es el tema que aborda el presente artículo.

La aparición de la mediación moderna supone un desafío para los sistemas jurídicos que ven con buenos ojos saciar, en las llamadas formas alternativas de resolución de conflictos, la necesidad de dar respuesta a los ciudadanos y la sociedad toda.
Sin embargo, el trasvase no opera fácilmente ya que las distintas configuraciones de los Estados, define su sistema de Derecho y con ello su particular forma de Administración de Justicia.
Tomando como punto de partida la idea de que el Derecho es uno de los mecanismos que se han dado los hombres entre sí
para resolver sus conflictos, analizaré en qué difieren los sistemas de derecho en términos de proceso judicial como forma de
resolución de conflictos. A partir de allí en el artículo buscaré dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo impacta la Tutela Judicial
Efectiva sobre el modelo de mediación de la Ley 5/2012?

El presente trabajo revisa de forma crítica el procedimiento instaurado por la Ley Zamudio para el conocimiento de la acción de no discriminación, a la luz de los parámetros materiales que emanan del derecho a la tutela judicial efectiva. Para ello, primeramente, revisaremos e identificaremos cuáles serán aquellos presupuestos sustanciales del derecho fundamental a la tutela judicial, para luego, conforme a ellos, dar paso al examen del procedimiento en concreto, siempre bajo la lógica de comprobar si aquel es eficaz en su rol de tutelar un derecho fundamental.

El control concentrado y el control difuso son mecanismos de control de la constitucionalidad. Estos nacen en diferentes tipos de ordenamiento: ambos con visiones distintas del control de constitucionalidad y del Derecho. Debido a esto, sus mecanismos de acción contra normas que sean incompatibles con este margen constitucional son distintos. No es usual que ambos estén presentes en un mismo ordenamiento, dado que uno es suficiente para garantizar el respeto a la norma suprema del ordenamiento. Al desarrollarse –ambos- en un mismo ordenamiento, uno de manera independiente del otro, se podrían generar conflictos de competencia sobre control constitucional de las normas.

El trabajo plantea que la institucionalidad vigente en materia de justicia administrativa no resuelve adecuadamente las controversias con la Administración pública garantizando los derechos de las personas, lo que ocasiona un trato discriminatorio en el acceso a la justicia y afecta el correcto funcionamiento del Estado de derecho. No existe un mecanismo general que conozca de los litigios en los que es parte la Administración pública o se debatan materias reguladas por el derecho administrativo; en su lugar, han proliferado tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales limitadas, justificadas en razones de especialidad. En consecuencia, aún es necesario sentar las bases para un sistema de justicia administrativa que garantice un control jurisdiccional de la Administración pleno e igualitario.

Últimamente se viene postulando la necesidad de reformar determinados aspectos de la vigente Constitución del 78. A la vista de dos sentencias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y una providencia del Tribunal Constitucional parece que también sería necesario reformar la regulación del derecho a obtener la tutela efectiva
de Jueces y Tribunales. Esto es, la del primer derecho humano procesalmente hablando, en cuanto que subyace a la garantía de cualquier otro derecho.

La  introducción  de  la  cláusula  UVA  (sistema  de  indexación)  en  el  marco  de  la  política  pública  de  vivienda Pro.Cre.Ar implicó una reforma regresiva contraria a los estándares y obligaciones estatales que impone  el  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos y el derecho constitucional de usuarios y consumidores. Ante esta circunstancia, se evalúan los aspectos conflictivos de la reforma, así como el rol que asumen la Administración Pública, el Congreso de  la  Nación,  el  Poder  Judicial  y  la  sociedad  civil  en el marco de una problemática que trasciende los propios actores comprendidos en la política pública.

La deficiente regulación de la casación autonómica efectuada por el artículo 86.3 LJCA, la falta de medios personales para hacer efectiva la misma y la dificultad de admitir un recurso que tiene por finalidad «formar jurisprudencia» frente a sentencias de los propios Tribunales Superiores de Justicia que establecen la misma en la instancia, ha llevado a muchos de ellos a inadmitir el recurso de casación autonómico en estos casos, mientras que otros reconocen la plena operatividad del mismo. Esta disparidad interpretativa será examinada a la vista de la jurisprudencia más actual del Tribunal Supremo acerca de la finalidad del recurso y desde una perspectiva constitucional, tras haber recaído recientes pronunciamientos que confirman la operatividad del recurso, aunque parecen relegarlo a Tribunales Superiores de Justicia de varias Salas o Secciones.
/ The deficient regulation of the regional cassation appeal made by article 86.3 LJCA, the lack of personal resources to make it effective, and the difficulty of admitting an appeal that has the purpose of «establishing jurisprudence» against the judgments of the Superior Courts of Justice that already establish it in the instance, has led many of them not to accept the regional cassation appeal in these cases, while others recognize its full operation. This interpretative disparity will be examined in view of the most current jurisprudence of the Supreme Court regarding the purpose of the cassation appeal and from a constitutional perspective, after recent pronouncements confirming the operation of this appeal, although they seem to relegate it to Superior Courts of Justice with several Chambers or Sections.

En las últimas dos décadas Venezuela ha estado sometida a un proceso de cambios políticos muy importantes. En tal lapso se ha aprobado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y
luego han tenido lugar diversos intentos orientados a reformarla y enmendarla. Además, su texto ha sido
interpretado mediante los diferentes mecanismos de control constitucional que ella prevé. Sin embargo, el
Tribunal Supremo de Justicia venezolano desde el 2015 ha producido, en sus diferentes Salas, al menos
cien sentencias en las cuales se ha influido progresivamente sobre las competencias o atribuciones del poder
legislativo; es decir, la Asamblea Nacional. Este trabajo examinará si la sentencia 001 de la Sala Electoral
del Tribunal Supremo de Venezuela, del 07 de diciembre de 2016 y sus subsecuentes resoluciones judiciales, configuran un caso del llamado ‘constitucionalismo abusivo’ que desembocó en una afectación sustancial al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por el citado precedente
constitucional. Así, el presente artículo se estructurará de la siguiente manera: (i) se examinarán los antecedentes de la referida sentencia judicial; (ii) la consecuente vulneración a los derechos al debido proceso,
derecho a ser oído y derecho a la tutela judicial efectiva; (iii) La sentencia 001 como puntapié inicial del
‘constitucionalismo abusivo’ en Venezuela; (iv) Los retos que plantea el constitucionalismo abusivo para
la consolidación democrática en Venezuela. Por último, el trabajo finalizará con un balance conclusivo.

RESUMEN: Uno de los grandes problemas en la evaluación de los servicios públicos en un país plurilingüe y multicultural está vinculado al modo en que los vernáculos hablantes se vinculan con el Estado. En el ámbito de la participación en un proceso judicial, los justiciables vernáculos hablantes asumen una condición limitativa que condiciona negativamente su estatus, sin que ello pudiera ser solucionado por las entidades que conforman el Sistema de Impartición de Justicia en el Perú. PALABRAS CLAVE: Derecho al Idioma, Oficialidad de idiomas, Justiciabilidad de Derechos económicos, sociales y culturales, Acceso y accesibilidad a la justicia, Derechos fundamentales de una persona vernáculo hablante. ABSTRACT: One of the big problems in the evaluation of public services in a multilingual and multicultural country is linked to the way the native language speakers are linked to the state. In the field of participation in a judicial process, litigants native language speakers assume a limiting condition which adversely affects their status, but this could be solved by the entities that make up the system of administration of justice in Peru. KEYWORDS: Language and right, Officiality language, Justiciability of economic, social and cultural rights, Access and accessibility to justice, Right´s native languages speaker.

En la actualidad son evidentes las falencias en las resoluciones de declaratorias de adoptabilidad de los niños proferidas por el defensor de familia en Colombia tal como se observa en la Sentencia T- 844 de 2011, atribuible a la inobservancia de los lineamientos técnicos y legales establecidos para esta medida de protección; de allí la necesidad de realizar una política sobre las adopciones que incluya la tutela judicial efectiva integrada por el debido proceso y la valoración probatoria tanto en sede administrativa como judicial para superar las dificultades que se vienen presentando actualmente y así garantizar a partir de la misma los derechos fundamentales de los sujetos implicados en ella.

Abstract
At present it is showing weaknesses in declaratory resolutions of adoptable children uttered by the Family Advocate in Colombia as evidenced in Case T-844 of 2011, attributable to the failure of the technical and legal guidelines established for this protective measure, hence the need for a policy on adoptions including effective judicial protection composed of due process and evidence assessment both in administrative and judicial proceedings, to overcome the difficulties that are currently presenting and thus ensure from it, the fundamental rights of the persons involved in it.

SUMARIO I. JURISPRUDENCIA RECIENTE EN MATERIA DE DESAHUCIOS: 1. Moratoria en la ejecución de desahucios. 2. Desahucio sin alternativa habitacional. II. NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD. III. DERECHO A LA VIDA Y RESPONSA-BILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN: 1. Violación del derecho a la vida por el riesgo ocasionado por el mal funcionamiento de la Administración. 2. Responsabilidad de la Administración por imprudencia: 2.1. Deber de diligencia en relación con las armas de fuego. IV. DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO: 1. La exigencia del agotamiento de la vía interna implica la interposición de los recursos contemplados por el derecho interno ante los tribunales competentes, en los plazos y formas exigidas. 2. Formalidades del recurso de casación y examen adecuado de las alegaciones.

Desde el punto de vista de la influencia estadounidense, el texto analiza la historia de la jurisdicción administrativa, a partir del siglo XIX, de los 19 países latinoamericanos de origen ibérico (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). Examinaremos su sistema judicial único y el due process of law procedimental y previo a las decisiones de la Administración, campo fértil de la primary jurisdiction, en pugna con la cultura europea continental arraigada en el derecho administrativo de América Latina. Al exponer las contradicciones de la jurisdicción administrativa en los países latinoamericanos, ocasionadas por la importación de reglas sin la debida contextualización, el texto busca identificar tendencias y avivar una perspectiva en cuanto a la construcción de un modelo propio de justicia administrativa en América Latina, valiéndose de la experiencia tanto estaduninense como de la Europa continental.

Contenido: Introducción. 1 Jurisdicción administrativa: modelo judicial, extrajudicial e híbrido. 1.1 Constitución de Cádiz de 1812. Junta Grande de 1811 (Argentina). Constitución Belga de 1831. Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile (1811). Loi des 16 et 24 août 1790. Ley de Santamaría Paredes. Tribunal Administrativo de Land de Baden de 1863. 1.2 Falta de independencia de lo contencioso administrativo en Francia y el sistema judicial único en América Latina del siglo XIX. La justice déléguée de 1872. 1.3 El sistema judicial único en América Latina del siglo XIX y las cuestiones gubernativas. 1.4 La especialización de la jurisdicción en Europa y el surgimiento del derecho administrativo. 1.5 La evolución del sistema judicial único en los EE.UU: Interstate Commerce Commission (ICC) de 1887. 1.6 Modelos de jurisdicción administrativa en América Latina de los siglos XIX y XX. 1.6.1 Jurisdicción administrativa híbrida (judicial y extrajudicial): Honduras, Brasil. 1.6.2 Jurisdicción administrativa extrajudicial: Bolivia, Panamá, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Ecuador, Uruguay, México. 1.6.3 Jurisdicción judicial dualista: Colombia, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Guatemala, República Dominicana. 1.6.4 Jurisdicción judicial monista (período ininterrumpido): Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, Cuba, Brasil. 1.6.5 Jurisdicción judicial monista (período limitado): Colombia, Guatemala, República Dominicana. 1.6.6 Jurisdicción judicial monista (períodos intercalados): Nicaragua, Honduras, Ecuador, Panamá, Bolivia. 1.6.7 Jurisdicción judicial monista (actualmente en vigor y con órganos especializados): Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, Cuba, Bolivia, Brasil, Panamá, Nicaragua, Honduras y Ecuador. 1.7 Cuadro evolutivo y comparativo de la jurisdicción administrativa independiente en las diferentes Constituciones latinoamericanas. 2 Decisiones administrativas precedidas por el debido proceso legal. 2.1 Señales del debido proceso legal estadunidense en América Latina: Enmiendas Constitucionales V (1791) y XIV (1868). 2.2 Origen del due process of law: Carta Magna de 1215, Liberty of Subject Act (28 Edward 3) de 1354, Observance of Due Process of Law Act (42 Edward 3) de 1368. 2.3 Right to a fair trial en el escenario internacional: Declaración de los Derechos Humanos de 1789, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos de 1966, Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. 2.4 Debido proceso legal administrativo en las Constituciones y leyes latinoamericanas. 2.5 Jurisprudencia de las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos: independencia e imparcialidad en los procesos administrativos extrajudiciales, y el debido proceso previo. 2.6 Distinción entre proceso administrativo judicial, proceso administrativo extrajudicial y procedimiento administrativo. 2.7 El debido proceso administrativo previo a las decisiones administrativas en América Latina. Consideraciones finales.