Alvaro Herrero

Este estudio tiene como principal objetivo analizar el impacto de la ineficiencia judicial sobre la pequeña empresa en Perú. Se funda sobre la hipótesis de que los problemas crónicos de los sistemas de justicia de la región tienen consecuencias negativas para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. El análisis se concentra, en primer lugar, en la forma

I prepared this paper for UNDP's Hub for Latin America and the Caribbean. It focusses on the challenges faced by justice systems to deal with COVID-19 and showcases new programmatic priorities for transforming Latin American judicial institutions.

Este artículo forma parte del libro Justicia Abierta coordinado por Mariano Heller. Destaca las continuidades entre la agenda de transparencia de las décadas de 1990 y 2000 y los programas de justicia abierta de la última década. A su vez, mapea las principales líneas de trabajo en materia de gobierno abierto en el sistema de justicia, identificando buenas prácticas y desafíos.

Este artículo analiza el impacto de la judicialización del derecho a la salud. Presenta un abordaje de tipo exploratorio a partir del cual se pretende ampliar el conocimiento en relación con la utilización de instrumentos judiciales para la obtención de prestaciones sanitarias (bienes y servicios), y sus implicancias socioeconómicas. Se incluye un estudio de casos donde fueron analizados los recursos de amparo presentados (o que se mantenían en proceso) durante el año 2014, los cuales fueron caracterizados en base a un conjunto de variables seleccionadas pre- viamente.

República Dominicana ha tenido en años recientes una extensa práctica en materia de colaboración entre el Estado y la ciudadanía. Esto no solo se ve reflejado en las formalidades de un marco legal que fomenta la participación de la ciudadanía sino también en las prácticas institucionales y en el prolífico accionar de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Entre otras experiencias, la metodología de veeduría social (conocida también como auditoría social) ha sido utilizada para monitorear la
implementación de políticas públicas. Así, diversas organizaciones han llevado a cabo proyectos de seguimiento y monitoreo a la ejecución de políticas de salud, educación, o acceso a servicios públicos, entre muchos otros, tanto a nivel nacional como local. En algunos casos, estas experiencias fueron implementadas por las OSC de manera individual, mientras que otras fueron ejecutadas de manera coordinada entre varias
organizaciones (cooperación horizontal). Sin embargo, también se han verificado experiencias de veeduría social que fueron implementados de manera coordinada entre organizaciones de la sociedad civil y agencias estatales, generando así un modelo de coordinación vertical cuyos resultados han sido satisfactorios.

La Argentina está por dar un paso importante en su historia democrática; el Congreso debate nuevamente una ley de acceso a la información pública. La sanción de esta ley constituirá un hito en el largo proceso de demanda a las autoridades que las organizaciones de la sociedad civil llevan desde hace más de una década.

La ley que surja del Congreso deberá adecuarse a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto como a los estándares de la Organización de los Estados Americanos, que reconoce la naturaleza de derecho fundamental al derecho de acceso a la información pública.

Tener una buena ley es solo la mitad de la batalla; por ello, es fundamental que la ley prevea la creación de un órgano garante que asegure la efectiva aplicación de esta futura ley de acceso a la información. CIPPEC promueve que este órgano garante se ajuste a las características previstas por la ley modelo de la OEA, es decir una Comisión de la Información con personalidad jurídica propia, autonomía operativa y que cuente con un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Solo un órgano independiente garantizará finalmente el derecho al acceso a la información en la Argentina.

Access to information (ATI) has become a cornerstone for open government. In addition of being recognized as a fundamental human right, it is also a key mechanism that contributes to increase transparency of governments, and to promote informed citizen engagement. In light of this, the Open Government Partnership (OGP) includes the provision for ATI legislation as one of the eligibility criteria for countries to join the OGP.

Given the importance placed on ATI legislation across the globe, this report analyzes all 133 ATI commitments submitted by OGP participating countries since 2011 as part of their national action plans (NAPs), and based on implementation-related data of such commitments produced by the Independent Reporting Mechanism (IRM) of the OGP. This report aims to identify areas of opportunity for peer learning and support for countries in the process of implementing new ATI legislation or for those interested in amending existing ATI laws in the context of OGP.

Access to information (ATI) has become a cornerstone for open government. In addition of being recognized as a fundamental human right, it is also a key mechanism that contributes to increase transparency of governments, and to promote informed citizen engagement. In light of this, the Open Government Partnership (OGP) includes the provision for ATI legislation as one of the eligibility criteria for countries to join the OGP.

Given the importance placed on ATI legislation across the globe, this report analyzes all 133 ATI commitments submitted by OGP participating countries since 2011 as part of their national action plans (NAPs), and based on implementation-related data of such commitments produced by the Independent Reporting Mechanism (IRM) of the OGP. This report aims to identify areas of opportunity for peer learning and support for countries in the process of implementing new ATI legislation or for those interested in amending existing ATI laws in the context of OGP.

Dos recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijaron estándares rigurosos que delimitan los márgenes del debate parlamentario sobre acceso a información pública. A partir de los fallos “ADC” y “CIPPEC”, el Congreso de la Nación no podrá desconocer los lineamientos señalados por la Corte para el diseño de una ley de acceso a información pública. Dichos estándares surgen de los tratados internacionales de derechos humanos y de sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Este artículo indaga acerca del rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el proceso de formulación de políticas públicas en Argentina. Tomando como estudio de caso las sentencias en materia previsional dictadas en el periodo 2005-2007 se analizan las distintas formas en que el máximo tribunal influyó en el diseño e implementación de la política pública previsional argentina en los últimos años. El principal hallazgo de esta investigación consiste en la comprobación empírica de un mayor protagonismo de la Corte Suprema en discusiones de política pública. A través de sus sentencias ella ha tenido un impacto decisivo en la revisión de los lineamientos centrales de la política previsional formulada durante la década de 1990 y en la construcción de un marco jurídico para la protección efectiva de los derechos de la clase pasiva.

Esta propuesta tiene como objetivo solicitar al Consejo de la Magistratura para que ponga en marcha una Unidad para el Apoyo a los Juicios de Corrupción, que incluya la creación de un Observatorio de Casos Judiciales de Corrupción. De esta forma se podrán apoyar los esfuerzos, muy poco efectivos aun, del poder judicial para castigar la corrupción, los delitos "del poder", o delitos contra la administración pública. Hoy las causas prescriben, no llegan a juicio oral, no reciben condenas. El Consejo y la Corte Suprema tiene una responsabilidad en la materia. Deben avanzar con acciones concretas que demuestren su compromiso y el cumplimento de las obligaciones que le imponen los distintos instrumentos internacionales anticorrupción.

Alvaro Herrero is a consultant specializing in rule of law and judicial reform programs. Keith Hen-derson is an Adjunct Professor at American University's Washington College of Law and now serves as the Rule of Law Senior Advisor and Anti-Corruption Research Fellow at ...

This short paper analyses the ongoing public debate on  the state of citizen security in Argentina and underscores the need for improving the quality of public discussions. It presents evidences from comparative research on the levels of crime in Argentina and on the failure of theories that assume that economic growth automatically leads to lower crime rates.

This article focuses on the role of the Supreme Court in the policy-making process in Argentina. Based on court rulings in pension cases rendered between 2005 and 2007, it analyzes the different ways in which the court influenced the design and implementation of pensions policy. Its main findings empirically confirm the Supreme Court’s growing role in public policy discussions. The tribunal has had a decisive impact both in the revision of the core guidelines of the pension policies designed in the 1990s, and in the construction of a new legal framework for ensuring the effective protection of pension rights.

While acknowledging the importance of the Judiciary's independence, this paper highlights its connections between transparency, citizen participation and accountability within the Judiciary (including the relationship with other actors such as civil society and the media). It provides examples of practices and experiences in the administrative and jurisdictional operations of the Judiciary in Latin America.

My dissertation deals with court-executive relations in post-authoritarian Argentina (1983-2006). Specifically, I analyse Supreme Court behaviour in highly sensitive cases to determine whether the tribunal has cooperated with or obstructed the government’s policy preferences in three key policy areas: human rights, economic emergency and pensions. This innovative type of approach – i.e., focusing on a small number of highly sensitive decisions – allows me to concentrate on cases that are genuinely important for the government or, more precisely, for the country’s political administration.  There are cases that are significant for the State apparatus but irrelevant for the president (thinking of politicians as self-interested actors).

My research uses a rational choice approach to courts, underscoring the strategic nature of judicial behaviour. This vision of judges provides a more accurate account of judicial-executive relations by bringing politics into the study of courts. By focusing exclusively on attitudes and apolitical jurisprudence, other visions take for granted the institutional context. Political stability, for example, cannot be assumed in many developing democracies.

My findings indicate that the Argentine Supreme Court has consistently avoided obstructing the president’s policy preferences. Such behaviour is motivated by strategic considerations: judges are risk-averse actors that avoid clashing with the executive. For most of the time the Supreme Court has operated under unified government, which increases the chances of being punished for anti-government decisions. Two other factors also account for the court’s risk-averse behaviour. First, procedural rules grant the Supreme Court wide discretion over its docket. The tribunal has used such discretion to strategically select the timing of its decisions. Second, recurrent democratic breakdowns have repeatedly led to attacks against the court, such as impeachment, irregular dismissals, and/or enlargements. Third, politicians exert broad control of judicial promotions, allowing them to block the careers of independent, courageous judges that act as a check on political power.

This book has been edited by Carlos Cordovez, a prestigious attorney and public sector expert working at the Inter-American Development Bank (IDB) in Washington DC. I co-authored the chapter focusing on judicial independence, transparency and accountability. The book, which deals with all major issues related to judicial reform in Latin America, was prepared by the IDB based on its experience in working with governments, NGOs, and academics to promote better justice systems.

Este estudio tiene como principal objetivo analizar el impacto de la ineficiencia judicial sobre la pequeña empresa en Perú. Se funda sobre la hipótesis de que los problemas crónicos de los sistemas de justicia de la región tienen consecuencias negativas para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro análisis se concentra, en primer lugar, en la forma en que las pymes se relacionan con el sistema de justicia. En segundo lugar, indaga acerca de las decisiones tomadas por los pequeños empresarios a fin de mitigar los efectos del mal desempeño de los tribunales. Por último, identifica las diversas maneras en que la ineficiencia judicial se traslada al sector productivo y se intenta cuantificar su impacto económico.

This study analyzes the impact of judicial inefficiency on small businesses in Peru. It is based on the hypothesis that chronic problems in the region’s judicial systems have negative consequences on the development of micro, small and medium-sized businesses. The analysis focuses, first, on the relationship between small businesses and the legal system. Secondly, it looks at decisions made by small businesses to mitigate the effects of poor performance by the courts. Lastly, it identifies several ways in which judicial inefficiency is transferred to the business sector. The analysis also attempts to quantify the economic impact of judicial inefficiency.

This paper analyses the relationship between justice and politics at the subnational level in Argentina. Focusing on the Supreme Court of Justice of Buenos Aires province, it concentrates in the interaction between local politics and the provincial judiciary, showing, among others, the existence of power-sharing agreements between the two largest political parties to secure control over key judicial positions, as well as over the body responsible for appointing judges (Judicial Council, or Consejo de la Magistratura).

Los reclamos sociales y la justicia
Alvaro Herrero
Para LA NACION

Mucho se ha discutido sobre el conflicto entre el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos, como el de la libre circulación. Lo cierto es que no tanto puede decirse seriamente sobre el tema si es tratado en abstracto. Cuando las manifestaciones se hacen por medio de acciones que el sistema legal prohíbe corresponde estudiar bien los hechos.

Una de las razones que hace de la libertad de expresión un principio medular de las sociedades democráticas es que permite a toda persona hacer llegar sus quejas a los gobernantes. De otro modo, sólo unos pocos -aquellos con acceso a las autoridades de turno o con poder suficiente para expresarse a través de los medios- podrían incidir sobre las decisiones de un gobierno que, en realidad, debería responder a todos. Por esto, lo que en cada caso es necesario evaluar es el grado de llegada de los manifestantes, tanto a los medios masivos de comunicación como a las autoridades de gobierno.

Por otro lado, hay que sopesar cuál es el contenido del reclamo conducido por medio de la protesta: no es lo mismo solicitar mejoras impositivas para sectores fuertes de la economía o el ingreso de ciertas personas a listas partidarias de candidatos, que alimentos, vivienda o acceso a servicios de salud para sectores sociales postergados sujetos a continuas privaciones.

Así, no puede haber un criterio único e inflexible para la solución de casos de protestas hechas con conductas a priori prohibidas; siempre será necesario balancear los bienes en juego y llegar a la solución justa de acuerdo con las circunstancias fácticas del conflicto.

La justicia de la decisión dependerá, en cada caso, de que la solución emane de una evaluación seria y motivada de la verdadera necesidad del medio elegido para manifestar el reclamo. Cuanto más grave sea la situación de privación y cuanto menos acceso tengan los manifestantes a las autoridades o a los medios de comunicación, más amplio -aunque no ilimitado- será el terreno de lo justificado. Esta solución es especialmente atinada en la Argentina, tierra de alarmantes índices de indigencia y pobreza y de oprobiosas desigualdades.

No todo reclamo es igual, y en la Argentina no todo manifestante tiene iguales urgencias. No soslayamos que en muchos casos las protestas son molestas y hasta gravosas, pero las desigualdades y la pobreza extrema lo son aún más. Muchos reclamos sólo intentan, por los únicos medios que sus portavoces tienen a su disposición, que los gobiernos tomen nota de sus ineludibles urgencias. A éstos no parece justo castigarlos.

El autor es doctor en Ciencia Política (Universidad de Oxford) director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

La Corte y un fallo necesario
Alvaro Herrero y Fernando Basch
Para LA NACION

Las candidaturas testimoniales ocuparon un lugar destacado en el debate público durante las últimas elecciones legislativas.

Su concreción -la efectiva postulación de candidatos no dispuestos a asumir los cargos para los que eventualmente resultaren elegidos- importa un desafío frontal a las propias bases del sistema constitucional argentino: los principios de soberanía popular y de gobierno representativo. La oferta electoral de candidatos decididos a no ocupar las bancas para las que se postulan quiebra esas premisas, pues obliga a las personas a decidir a quiénes elegir como representantes sobre la base de alternativas falsas.

Sería muy valioso que la Corte Suprema se pronunciara sobre este tema. Las impugnaciones han llegado a su órbita y, aunque las elecciones ya pasaron, el máximo tribunal tiene jurisdicción para resolver la cuestión constitucional en debate.

Dos precedentes de la propia Corte avalan esta postura: los fallos "Ríos", de 1987, y "Bussi", de 2007. En ambos, el tribunal se pronunció sobre conflictos relacionados con el régimen político y electoral sin perjuicio de que, al momento de la sentencia, el paso del tiempo impidiera hacer lugar a pedidos de las partes.

En esas decisiones, la Corte entendió que existía un interés político-institucional que excedía al de los demandantes, ligado a la necesidad de resguardar la soberanía popular y el régimen representativo de gobierno, que la obligaba a pronunciarse. La situación es asimilable a la actual controversia acerca de la validez de las candidaturas testimoniales.

Al ocuparse del asunto, el tribunal podrá fijar los alcances de la revisión judicial de las candidaturas, así como los del derecho a ser elegido. La Corte también deberá preocuparse por evitar que en futuras ocasiones se repita lo que en estas elecciones debimos lamentar: que los plazos del proceso comicial sean incompatibles con los tiempos para que exista tutela judicial efectiva de los derechos políticos en todas las instancias que el régimen jurídico prevé, incluyendo la intervención del alto tribunal.

Después de todo, uno de los principales roles de la Corte en nuestro sistema político consiste precisamente en arbitrar entre las partes en competencia para que las reglas del juego democrático se cumplan. No hacerlo implica una abdicación.

Asimismo, sería deseable que la Corte dictara su sentencia a la mayor brevedad posible. Su decisión tendría mayor impacto si fuera contemporánea a la deliberación de la ciudadanía sobre esta cuestión. La controversia respecto de las candidaturas testimoniales aún está instalada en la opinión pública, y quienes han resultado elegidos en las urnas recién deberán asumir sus bancas en diciembre. Sería positivo que la Corte contribuyera a este proceso de discusión cuanto antes.

Finalmente, la pronta intervención de la Corte también es necesaria para que se precise el marco constitucional que rige nuestro régimen de gobierno. Esto podría inspirar reformas legislativas necesarias para el fortalecimiento de nuestros sistemas electoral y de partidos.

Los autores integran la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

La Corte juega fuerte

El máximo tribunal mostró este año una clara decisión de poner en juego su poder. Fallos como el de la libertad sindical, intervenciones en el debate sobre la ley de imputabilidad o señalamientos para que se sanee el Riachuelo muestran un nuevo posicionamiento de los jueces
Por Laura Zommer

La conclusión no necesita matices: este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en la escena política como nunca antes lo había hecho desde el retorno de la democracia, en 1983. Lo hizo tanto por medio de sus fallos como con oportunas declaraciones públicas de algunos de sus ministros. Y, en varias oportunidades, con puntos de vista o decisiones adversas a las prioridades o deseos de los otros poderes del Estado.

Sin ir más lejos, en momentos en que la participación de menores en hechos violentos recientes había reavivado los pedidos para bajar la edad de imputabilidad, Carmen Argibay y Carlos Fayt salieron en los últimos días a cuestionar ese reclamo y señalaron que, antes, debía atenderse la deuda social con la infancia y la juventud argentinas.

El mes pasado, en un fallo histórico, la Corte puso fin al monopolio sindical y provocó un tembladeral político en el seno del Gobierno.

¿Es bueno que la Corte tenga este rol? ¿Es que acaso llegó el momento, luego de 25 años de democracia ininterrumpida, de atenuar el hiperpresidencialismo argentino? ¿Es esto lo que debe esperarse de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado o es sólo una tendencia pasajera?

El máximo tribunal se ocupó en 2008 de la mejora del medio ambiente, con una nueva decisión en favor del saneamiento del Riachuelo que empujó la salida del Gobierno de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti. Ordenó la actualización de los haberes de todos los jubilados, una medida con fuerte impacto en la caja estatal. Señaló los límites del Congreso para desoír la voluntad popular de consagrar como diputado a Luis Abelardo Patti, un enemigo K acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Además, se pronunció sobre las garantías de las personas recluidas en institutos de menores, cárceles e instituciones de salud mental; la libertad de expresión; el acceso a la justicia y las vacantes en el Poder Judicial; la gravísima crisis sanitaria, económica y social que afecta en la provincia de Chaco a los pueblos originarios, en su mayoría tobas; el derecho de la comunidad indígena de Salta a que no se vendan sus tierras; la cobertura de prestaciones médicas por parte de obras sociales y prepagas, y el dramático caso de Romina Tejerina, al dejar firme su condena a 14 años de prisión.

Cuestiones sensibles
"Mediante sus sentencias, la Corte ha instalado una serie de temas en la agenda pública, acelerando o imponiendo el tratamiento de cuestiones que afectan a los derechos de la ciudadanía o que son de gran relevancia institucional. Por otro lado, en muchos casos sus sentencias fueron contrarias a las expectativas del Poder Ejecutivo (son los casos "Badaro" sobre jubilaciones, "Patti" sobre la supuesta "inhabilidad moral" de un diputado electo, "Rosza" sobre juzgados vacantes, y el reciente "ATE" sobre organización sindical libre). Esto es doblemente novedoso, pues muestra no sólo que el tribunal es proclive a involucrarse de manera oportuna en discusiones políticamente sensibles, sino también que tiene la voluntad y la capacidad de adoptar decisiones contrarias a las prioridades políticas de los otros poderes del Estado", dice Alvaro Herrero, director del Area de Justicia de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Herrrero estudia este asunto desde hace años. El tema de su tesis de doctorado en Oxford fue cómo la Corte Suprema argentina facilita u obstaculiza las preferencias políticas del Poder Ejecutivo. Para ello, analizó el período 1983-2005 y, en general, lo que encontró entonces es que las distintas composiciones de la Corte evitaron siempre obstaculizar los objetivos de las políticas del Ejecutivo en esos campos. Por eso él celebra especialmente este novedoso, aunque aún incipiente, cambio.

Para Víctor Abramovich, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no hay duda de que el máximo tribunal de Justicia del país tiene y juega un nuevo papel en el sistema institucional argentino. "La Corte en su actual composición no sólo ha ido recuperando un rol institucional de contrapeso de los poderes políticos, sino que además ha fijado líneas de jurisprudencia mucho más liberales y garantistas que en su composición anterior -dice Abramovich-. Eso contribuye a fijar una serie de principios que influyen de diversas formas no sólo en la actividad del Estado sino también en la vida social".

La Corte Suprema es la instancia jurídica máxima en la Argentina, sin embargo, la gran mayoría de los habitantes desconoce en qué medida sus fallos inciden en su vida y cómo recurrir a la Justicia. Acercar esta información a la mayor cantidad posible de gente es lo que busca el libro La Corte y los Derechos , preparado por un equipo de la ADC y recientemente editado por Siglo XXI. El libro pretende difundir la labor del máximo tribunal con un lenguaje accesible para lectores no especializados, para que puedan conocer cuál es el alcance de las decisiones de la Corte; ejercer un control de legitimidad sobre ellas; y comprender cómo sus decisiones afectan los derechos de la ciudadanía en situaciones cotidianas.

Carlos Oteiza, presidente del Comité Ejecutivo del Foro de estudios sobre la administración de la Justicia (Fores), confirmó que la organización que dirige también considera que la Corte ha consolidado su liderazgo en el año 2008. "Por un lado, los ministros de la Corte han mostrado independencia en sus sentencias, y han defendido a la institución del ataque de otros poderes políticos. También tomaron contacto con el ciudadano a través de los medios de prensa, y esto es un avance significativo respecto de Cortes anteriores. Podría decirse que abrieron sus despachos, rompiendo una cultura de hermetismo bastante frecuente en el Poder Judicial."

Oteiza también destacó la iniciativa de las conferencias anuales de jueces, de donde surgen propuestas concretas para mejorar los tribunales y donde se fomenta el diálogo entre magistrados. Como asignaturas pendientes, Fores, subraya dos puntos: los problemas de gestión que tiene el Poder Judicial, en los que la Corte tiene aún mucho por mejorar, y la reducción de litigiosidad.

Desde la propia Corte, el ministro Eugenio Raúl Zaffaroni aporta su análisis sobre el funcionamiento del tribunal en 2008: "El reforzamiento institucional muchas veces se ha producido mediante exhortaciones e incluso emplazamientos dirigidos a los otros poderes del gobierno, lo que para los críticos implica una intromisión e incluso se ha sostenido que pretende marcarles la agenda. No obstante, si se observa más detenidamente la acción de la Corte, en general ha sido muy prudente y cuidadosa, porque nunca les indicó a los otros poderes la solución que debían adoptar en concreto, reconociendo de ese modo el espacio de discusión y decisión política propio de los otros poderes. Con extremo cuidado, la Corte se limitó a indicar que no se podía ignorar u omitir toda solución".

Tomar decisiones
Como advierte Zaffaroni, en 2008 y con menor intensidad también en los dos años anteriores, esta Corte señaló en varios fallos al Congreso y al gobierno (tanto nacional como a algunos provinciales) que tenían que tomar una decisión -como sancionar una ley o implementar una política o programa específico- para evitar que se perpetuara una violación de derechos de una persona o de un grupo de ellas, aunque no precisó cuál debía ser la solución o respuesta escogida, porque considera que ello es función de los poderes democráticamente elegidos (algo que no ocurre con el Poder Judicial).

Catalina Smulovitz, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, llama "poder autolimitado o paradójico" a este modo de intervención de la Corte. "Más allá de las innovaciones doctrinarias que puedan haber surgido en este año, las últimas decisiones de la Corte presentan un rasgo novedoso que merece ser destacado -opina-. Esta es una Corte que no sólo entiende que sus decisiones implican la afectación de los intereses de las partes involucradas sino que también es consciente de las consecuencias político institucionales de sus intervenciones.

Para Smulovitz es una forma de intervención paradójica: la Corte interviene, y por lo tanto no puede decirse que renuncie a su rol institucional, pero lo hace de forma tal que muestra a los otros poderes y actores que estos temas requieren no sólo decisiones jurídicas sino también discusiones y debates políticos.

En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son algo más cautos. Su director ejecutivo, Gastón Chillier, considera que es positivo este nuevo rol que parece mostrar la Corte con una agenda enfocada hacia la protección de derechos. Sin embargo, dice que el alto tribunal "necesita afinar, ajustar o precisar la ejecución de este tipo de sentencias (alude especialmente a los casos de las cárceles bonaerenses o del Riachuelo) para comprometerse con la ejecución de sus decisiones y garantizar así la satisfacción efectiva de los derechos". Para Chillier, todavía falta un paso más.

Con una mirada menos jurídica y más política, Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía y docente en varias universidades, considera que es indudable que, en un contexto de profundo deterioro institucional promovido por las constantes distorsiones que genera el hiperpresidencialismo, la actuación de la Corte Suprema representa un soplo de aire fresco, una muy saludable excepción. Pero, dice, esto no se extiende al Poder Judicial en su conjunto, ni alcanza para que el sistema republicano funcione con algún viso de normalidad.

"En particular, durante el último año hubo un preocupante retorno de un estatismo anacrónico, que le devuelve al Poder Ejecutivo facultades de enorme discrecionalidad y pone de manifiesto una vocación por un intervencionismo extremo que favorece el capitalismo de amigos y la asignación arbitraria de recursos. El Congreso volvió a convertirse en una opaca caja de resonancia de la decisiones espasmódicas del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la Resolución 125 (sobre retenciones móviles) debe analizarse como una excepción, fruto del error del Gobierno en polarizar infantilmente el conflicto con el campo. Frente a este avance depredador del hiperpresidencialismo, me temo que la contribución de la Corte Suprema al equilibrio de poderes es claramente insuficiente", se lamenta Berensztein.

Entre los temas pendientes de resolución que tiene a estudio, la Corte deberá decidir sobre la validez de la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, determinar los límites del Presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia, expedirse sobre los llamados "superpoderes" del Poder Ejecutivo Nacional y analizar la posibilidad de que se celebren en el país matrimonios entre personas de un mismo sexo.

Sin duda, todos son temas sensibles para el poder. Habrá que ver si la Corte profundiza el camino de independencia que comenzó a recorrer y contribuye a equilibrar el desbalanceado sistema institucional argentino o, como ya pasó en otros momentos de la historia, un cambio abrupto la lleva a torcer su dirección.

© LA NACION


Fallos destacados de 2008
Límites al monopolio sindical
Un fallo reciente resolvió que cualquier trabajador puede ser delegado aunque no esté afiliado al sindicato que ostenta la personería gremial.

Nuevo pronunciamiento sobre el Riachuelo
Ante el incumplimiento parcial de una sentencia dictada en 2006, la Corte volvió a pronunciarse. El fallo impuso plazos para la ejecución de las medidas ordenadas y sanciones en caso de incumplimiento.

Población indígena en emergencia
La Corte ordenó a la Provincia del Chaco y al Estado Nacional a que se le garantice la provisión de agua potable, alimentos, transporte y comunicación.

Movilidad de las jubilaciones
Mediante un fallo se declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 inciso 2 de la Ley 24.463, que no garantizaba el mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que contempla la movilidad de las jubilaciones.

Asunción de Luis Patti
La Corte decidió que el Congreso de la Nación no puede impedir la asunción de un diputado electo fundándola en razones de "inhabilidad moral".

Este trabajo tiene por objetivo analizar las contribuciones que se pueden realizar desde la evaluación para repensar y justificar la inversión de recursos financieros en el sector Justicia, en el marco del VII Seminario de gestión Judicial organizado por el CEJA.  Los argumentos centrales del mismo reposan en dos preocupaciones. Por un lado, al cabo de un período de más de dos décadas de reformas judiciales en América Latina, aun se sabe poco sobre el impacto de los proyectos y por ende sobre el beneficio de las reformas. Esto es un serio obstáculo para justificar el direccionamiento de recursos hacia el sector justicia. Por otro lado, con escasas excepciones, actualmente no existen discusiones en los organismos internacionales ni en los poderes judiciales respecto a la necesidad de prestarle atención a evaluación, de profundizar su estudio y de generar capacidades en la materia. Uno de los pocos ámbitos donde se abordan estas cuestiones es la academia, pero sin embargo no existen canales de diálogo entre esta y los financiadores o los organismos que promueven proyectos de desarrollo a nivel internacional. Estos son problemas que se retroalimentan: la evaluación está poco desarrollada en los organismos y poderes judiciales, y por ende no es posible medir el impacto de las reformas. Por ende no podemos justificar las inversiones realizadas y comprometer recursos para nuevas inversiones. En este trabajo primero realizo un breve repaso de la inversión en justicia a través de las carteras de los organismos internacionales. Luego abordo la cuestión de la falta de determinación del impacto de la inversión en el sector, y posteriormente las oportunidades y desafíos en la materia. Finalmente, dejo planteadas algunas inquietudes respecto a las acciones que podrían desplegarse desde los poderes judiciales, organismos internacionales y centros de estudio.

Argentina tiene un serio problema con los jueces transitorios (subrogantes). Este fenómeno ha crecido hasta alcanzar el 25% de los cargos de la justicia nacional y federal. En este post analizo dos fallos recientes que declaran la nulidad de la designación de secretarios como jueces subrogantes. Vale recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha fallado en esa línea en los casos "Rosza" y "Asociación de Magistrados".

Esta obra se propuso reunir a especialistas de distintas partes del mundo para capturar el estado de las políticas de gobierno e Innovación pública. Abordando estudios de caso tanto a nivel local regional y nacional como de los tres poderes del Estado, recoge los más recientes avances y desafíos en el diseño e implementación de reformas de participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia en los gobiernos del continente americano y Europa.